Redacción Diario Correo

Wilfredo Oscorima llegó al Congreso de la República, sin embargo, se acogió a la reserva de la investigación por el Caso Rolex ante Comisión de Fiscalización.

Así lo informó Humberto Abanto, defensa legal del gobernador regional de Ayacucho, en declaraciones a la prensa en su llega a Palacio.

“Tiene que respetar la reserva de la investigación”, sostuvo.

Se tenían previstas varias preguntas en torno a los relojes Rolex que fueron adquiridos por Oscorima y luego utilizados por Dina Boluarte en actividades oficiales, esto es investigado por el Ministerio Público.

Cada vez que el titular de la Comisión de Fiscalización, Segundo Montalvo, le hacía una consulta sobre el Caso Rolex y las joyas que le había ‘prestado’ a Dina Boluarte, Oscorima solo respondía: “Está en investigación”.

“Nosotros no manejamos presupuesto bajo nuestra consideración, sino trabajando coordinadamente con el Ejecutivo al que le solicitamos presupuesto para culminar con las obras que empezamos. Parece que no han revisado los presupuestos de otros gobiernos regionales que han tenido más presupuesto que nosotros, otros han tenido más que Ayacucho. Es falso que hayamos sido beneficiados por alguna ventaja”, sostuvo.

Asimismo, el gobernador reginonal a Aayacucho descartó haber favorecido al gobierno de Boluarte con partidas presupuestales: “Absolutamente nada tiene que ver con este tema”.

En cuanto a sus visitas no registradas a Palacio de Gobierno, Wilfredo Oscorima se limitó a decir que “todas sus visitas están registradas”.

Cuando le recordaron que algunas de sus visitas no están en los cuardernos de visitas oficiales señaló: “Mi deber no es registrar mis visitas a las instituciones”.

Como se recuerda, Wilfredo Oscorima fue citado por la Comisión de Fiscalización en otra oportunidad, en abril de este año, donde también optó por guardar silencio sobre las investigaciones del Caso Rolex.

Juez rechaza recurso de Wilfredo Oscorima y confirma que seguirá siendo investigado por “Caso Rolex”

El gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, continuará siendo investigado por el “Caso Rolex” en las fiscalías anticorrupción por el presunto delito de cohecho activo genérico.

Esta decisión fue confirmada por el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, quien rechazó el recurso de tutela de derecho presentado por Oscorima contra la decisión de la Fiscalía de la Nación de desacumular su investigación de la carpeta fiscal que sigue contra la presidenta Dina Boluarte por la recepción de tres relojes Rolex y joyas con diamantes.

Según la resolución obtenida por El Comercio, el magistrado supremo declaró “improcedente” el recurso, argumentando que el Código Procesal Penal permite la desacumulación en casos donde ya se ha formulado una denuncia constitucional contra un alto funcionario, como es el caso de Boluarte. En contraste, Oscorima no posee tal condición.

La Fiscalía sostiene que Oscorima Núñez entregó en “donación” tres relojes Rolex, una pulsera y unos aretes con diamantes a Boluarte. A cambio, la presidenta de la República habría utilizado su poder para otorgar un mayor presupuesto a la Región Ayacucho a través de normas y decretos de urgencia.

En su resolución, el juez supremo Checkley indicó que lo solicitado por la defensa de Oscorima no estaba relacionado con la vulneración de ningún derecho. Además, señaló que, según la Fiscalía, el caso incluye a Boluarte, quien es una funcionaria aforada. Por ello, la Fiscalía ya concluyó la investigación preliminar y formuló una acusación constitucional ante el Congreso de la República.

La Fiscalía solicitó que se rechace el recurso de tutela de derecho, argumentando que existe jurisprudencia sobre las potestades del Ministerio Público para disponer la desacumulación y acumulación de causas. También señaló que el caso principal es contra una persona aforada, de acuerdo con las reglas del artículo 99 de la Constitución y el Código Procesal Penal, por lo que la desacumulación es aplicable.

Además, la Fiscalía precisó que el artículo 451 del Código Procesal Penal estipula que, si el Congreso emite una resolución acusatoria, las causas deberán acumularse y tramitarse según las reglas especiales.

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