Esta mañana, el fiscal anticorrupción de Lima Norte, Marco Carrasco Campos, interviene la sede del Ministerio de Salud para recabar información relacionada al caso “Vacunagate”.

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Según la disposición fiscal, a la que accedió Correo, Carrasco, junto al personal de la DIVIAC, realizan una diligencia “de verificación y exhibición de documentos” debido a que dicha entidad aún no cumple con entregar el expediente de contratación de las vacunas compradas por el Gobierno a la empresa china Sinopharm y con las que se inocularon a más de 400 funcionarios públicos.

La fiscalía señala que el citado documento estaba lacrado -cuando se intervino el Minsa en febrero pasado- y en manos de Percy Minaya León, entonces viceministro de Salud Pública. Hoy no sabe dónde está este documento.

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Como se recuerda, Minaya dejó el cargo tras la revelación de que su esposa utilizó un vehículo del Estado para fines personales.

“Con fecha 19 de febrero del 2021, conforme se advierte del Acta de Exhibición y entrega de documentos del Ministerio de Salud, el expediente de contratación de las vacunas compradas a la empresa farmacéutica SINOPHARM quedó lacrado y bajo custodia del Dr. Percy Minaya León, en ese entonces Vice Ministro de Salud Pública; sin embargo, el antes mencionado a la fecha, ya no se encuentra en el cargo; y a la fecha no se nos ha informado bajo qué circunstancia y en custodia de quién se encuentra dicho documento”, señala la fiscalía.

Por este motivo, el Ministerio Público ha solicitado al Minsa que responda quién es la persona o funcionario que actualmente tiene en custodia el documento lacrado que se hace referencia en el acta.

Asimismo, la fiscalía busca conocer el contenido de los documentos elaborados en cada reunión sostenida por el “Grupo de Trabajo Multisectorial de financiamiento para la vacuna contra la COVID-19” por tener información vinculada al desarrollo de las dosis de diferentes laboratorios, incluido Sinopharm.

El fiscal Marco Carrasco también ha dispuesto tomar la declaración de la exsecretaria del Minsa, Fátima Altabas Kajatt, para que diga qué respondió, en representación de la entidad, al laboratorio chino sobre su solicitud de participación en el desarrollo de las vacunas en el país, a través de Yu Zhou, asociado legal de la firma Parker Landall, indica el documento fiscal.

Plazo

Como se sabe, esta investigación inició el 15 de febrero pasado “contra los que resultan responsables” por el delito contra la administración pública por dos meses.

Sin embargo, tal como reveló Correo, la fiscalía amplió el plazo a ocho meses, contados desde el inicio de la pesquisa preliminar, tras declarar compleja la investigación por la cantidad de información pendiente de recabar sobre la irregular inoculación a funcionarios públicos. Esta decisión fue adoptada el pasado 12 de abril.

“(…) Se advierte que existen elementos fundados que hacen necesario declararlo como caso complejo ya que a la fecha no se ha recabado la totalidad de los documentos correspondientes con la finalidad de determinar e identificar posibles responsabilidades, tampoco se han recepcionado el total de las personas relacionadas al ensayo clínico, que recibieron las vacunas. Ello, para conocer el modo y circunstancias en que fueron contactados y quién les proporcionó las mismas”, se lee en la disposición fiscal que amplía el plazo de la investigación preliminar.

El 18 de febrero pasado, la fiscalía intervino diferentes entidades así como las universidades Cayetano Heredia y San Marcos, en donde se realizaron los ensayos clínicos de la vacuna Sinopharm.

Como parte de las diligencias requeridas, el fiscal Carrasco tomará las declaraciones de los investigadores principales que estuvieron a cargo del Ensayo Clínico Fase III de la vacuna como Germán Málaga, Javier Bustos Palomino, Hugo García Lescano, Eduardo Ticona Chávez, para que señalen cuál fue el procedimiento seguido para la inoculación de dosis “desde la solicitud de las vacunas adicionales, hasta la vacunación del personal médico y otros relacionados”.

Estas declaraciones se realizarán bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia injustificado por la Policía. Vale recordar que estas personas fueron parte de las 487 vacunadas irregularmente con las dosis de Sinopharm.

La fiscalía también tomará las declaraciones de otros funcionarios y exfuncionarios del Minsa respecto a las 3 mil 200 dosis adicionales que envió Sinopharm al Perú, usadas en la vacunación irregular, como María Artola Velarde (exejecutiva II de la secretaría del Minsa) así como Carmen Teresa Ponce Fernández, directora general del Digemid, y Sofía Pumacayo, exdirectora ejecutiva de la Dirección de Productos Farmacéuticos de Digemid.

Ponce y Pumacayo deberán declarar sobre el trámite realizado para la aprobación de la fase III del ensayo clínico.

En febrero pasado, la comisión investigadora sobre la vacunación irregular del Congreso señaló que, de acuerdo a la declaración del doctor Germán Málaga, la empresa china ofreció enviar 3,200 dosis para proteger al personal del equipo del estudio y que, de dicha cantidad, 1, 200 estaban destinadas a la embajada de China en Perú.

Según dicho grupo de trabajo, el acuerdo para que se enviaran las dosis sucedió entre el 17 y 24 de agosto del 2020.

Por su parte, la fiscalía, como parte de sus diligencias, identificará la lista de los vacunados con las dos mil dosis por la Universidad Cayetano Heredia y San Marcos y cuántas contaban con un contrato efectivo con dichos centros de estudio en el marco del ensayo clínico fase 3.

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