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Tras cinco días de extenso debate y varios altercados, el pleno del Congreso aprobó por mayoría los once capítulos del informe final de la , que estuvo a cargo de investigar los presuntos sobornos, coimas y dádivas que hubieran recibido funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno, en relación a las concesiones, obras y proyectos, que fueron adjudicados a las empresas brasileñas , Camargo Correa, OAS y otros.

ACUSADOS

El documento fue sustentado por la presidenta del grupo de trabajo,  (FP), quien señaló que se halló responsabilidad en los exmandatarios ; en los exburgomaestres , la exprimera dama , así como a exministros, exdirectivos y exfuncionarios públicos.

Bartra Barriga detalló durante 30 minutos, los pormenores y un resumen del trabajo de investigación que desarrollaron en los últimos meses en la comisión investigadora multipartidaria que presidió. “Se recomienda un enjuiciamiento político que solo le corresponde al Congreso. La crítica malintencionada sobre una supuesta ineficiencia es una clara evidencia de desconocimiento. No sustituimos el trabajo del Ministerio Público”, expresó.

SALVADOS

En los días previos, se hizo un pedido de legisladores de diversas bancadas que solicitaron la inclusión de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y el exmandatario aprista , en el informe final.

Ayer se retomó el debate sobre el tema. El congresista Elías Rodríguez (Apra) defendió al líder del partido de la estrella. “Hemos constatado ese odio histórico que tienen hacia nuestro partido. Alan García ha sido investigado por 30 años”, dijo.

El legislador Gino Costa sostuvo que existe sesgo en el informe. “No se entiende cómo García no está incluido si tuvo un rol importante en el tren eléctrico”, señaló el independiente.

Por su parte, Zacarías Lapa(FA) presentó un audio en el que el fiscal José Domingo Pérez toma el testimonio de Jorge Barata y este último señala el apoyo al Partido Aprista a través de Luis Alva Castro. “¿Qué más quieren para incluirlo?”, resaltó.

LOS CASOS

El informe final de la comisión Lava Jato recomienda denuncia constitucionalmente a Ollanta Humala, en su calidad de expresidente, por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, que está sancionado en el artículo 399 del Código Penal, por autorizar dolosamente el pago de 132 818 920.00 soles a la concesionaria Transvase Olmos, a través de tres Decretos de Urgencia, mediante los cuales se transfirió esa suma al Gobierno Regional de Lambayeque, a fin de que este ejecute el pago.

Del mismo modo se desprende que existen indicios que permiten inferir que Pedro Pablo Kuczynski habría incurrido en el presunto delito de lavado de activos en su modalidad de conversión, porque habría utilizado la empresa off shore Dorado LTD, a fin de realizar operaciones comerciales que le permitan percibir el pago de aproximadamente US$ 1’079,636.00 obtenido por su empresa Westfield Capital en la asesoría financiera a Concesionaria Trasvase Olmos S.A

Sobre Alejandro Toledo, el informe señala que hubo acuerdos entre el exmandatario y los representantes de los grupos Odebrecht y Camargo Correa, a fin de beneficiarlos con el proyecto IIRSA Sur. Para materializar dichos acuerdos, el entonces presidente participó activamente en el proceso de entrega en concesión a fin de direccionar el proceso y agilizar su ejecución.

Una siguiente intervención de Alejandro Toledo, verificada por la comisión, se dio en la sesión del Consejo Directivo de Proinversión realizada en Palacio de Gobierno. Allí se informó que el monto de inversión calculado en el estudio de factibilidad de IIRSA Sur estaba por debajo del valor real de la obra. El propio Jorge Barata declaró haber manifestado su preocupación por la inversión calculada para este proyecto y le informaron que si su empresa ganaba “buscarían las formas de mejorar eso”. Por lo tanto, se sugiere remitir el informe a la Fiscalía por los presuntos delitos de colusión, cohecho pasivo propio, tráfico de influencias y lavado de activos. Sobre el mismo proyecto se señala a Pedro Pablo Kuczynski, quien tenía el cargo de ministro de Economía por los presuntos delitos de colusión, tráfico de influencias, cohecho pasivo propio y negociación incompatible.

El documento también acusa a Nadine Heredia, exprimera dama. Se indica que entre febrero de 2010 y el 8 de junio de 2011, Ollanta Humala viajó a Brasil en cinco oportunidades, cuatro de ellas acompañado por Heredia. El 14 de julio, días antes de que Humala asuma el cargo, Nadine viajó a Brasil sin su esposo y regresó al Perú por Venezuela. Estos datos, son consistentes con la hipótesis ya conocida de que Marcelo Odebrecht y Jorge Simoes Barata entregaron US$ 3 millones, mencionados en la planilla “Italiano” bajo el concepto de “Programa OH”, en el periodo de campaña electoral del año 2011.

“Remitir el presente informe a la Fiscalía de la Nación, a efectos de que, conforme a sus atribuciones, emita el pronunciamiento correspondiente respecto a los indicios de la comisión del delito de lavado de activos y tráfico de influencias, tipificados en los artículos 1 y 2 de la Ley N° 27765 y artículo 400 del Código Penal, que habría cometido la señora Nadine Heredia Alarcón”, señala el documento.

Entre los exfuncionarios acusados también se encuentran el exministro de Economía y premier, Fernando Zavala, por el presunto delito de cohecho pasivo impropio en el proyecto carretera Interoceánica Sur.

Dentro del caso del Metro de Lima Línea 1, el ex titular del MTC Enrique Cornejo ha sido señalado -por la comisión parlamentaria- por la presunta comisión del delito de asociación ilícita, negociación incompatible y colusión agravada; mientras que el ex viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, es señalado por colusión, cohecho y lavado de activos.

Asimismo, como parte de las autoridades ediles que figuran en el informe expuesto por Rosa Bartra, están la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por negociación incompatible, colusión, cohecho, lavado de activos y falsedad ideológica; y el actual burgomaestre, Luis Castañeda, por negociación incompatible. Ambos personajes forman parte de la pesquisa realizada al proyecto Línea Amarilla.

Los expresidentes regionales del Cusco Jorge Acurio, René Concha y Edwin Licona son señalados de haber cometido colusión en la ejecución del Hospital Antonio Lorena, obra inaugurada en la gestión de Ollanta Humala.

Cabe señalar que el informe final contempla la inclusión y recomendación a la Fiscalía de abrir investigación contra los exdirectivos y representantes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS por el delito de colusión agravada, entre ellos,Jorge Barata, Marcelo Odebrecht, Luis Mameri; y Valfredo Ribeiro y Leonardo Fracassi.