Ante la expansión de bandas criminales conformadas por extranjeros (venezolanos y colombianos, principalmente), peruanos y grupos mixtos, el Ejecutivo acordó extender el estado de emergencia contra la delincuencia en los distritos de Lince y El Cercado de Lima.

La decisión responde, en buena parte, a la solicitud de autoridades ediles de ambos distritos.

Estos reconocieron su impotencia al haber sido desbordados por la impunidad criminal en las modalidades de extorsión, sicariato, trata de personas, entre otras, en sus jurisdicciones.

El estado de emergencia en El Cercado de Lima y Lince entrará en vigencia a las cero horas del miércoles 11 de octubre.

Se dan por descontadas las obvias restricciones de algunos derechos constitucionales en aras -aseguran el primer ministro Alberto Otárola y el ministro del Interior, Vicente Romero- de avasallar la criminalidad y devolver al Estado el control interno.

Los establecimientos comerciales, negocios y emprendimientos tendrán que cerrar sus locales entre las cero horas hasta las 4:00 de la madrugada mientras dure el estado de emergencia.

La actividad comercial y de entretenimiento nocturno en estos distritos es particularmente intenso.

Habrá una significativa caída en sus ingresos, comentaron algunos propietarios de negocios.

MEDIDA EXCEPCIONAL.

En la conferencia de prensa, tras la sesión del consejo de ministros, no hubo suficientes detalles.

Se ofrecerán más explicaciones en el Decreto Supremo que se publicará hoy, martes, en El Peruano, informó Otárola.

“Dos razones principales” mencionó el primer ministro en la toma de esta decisión.

“Queremos preservar la seguridad y la vida de los peruanos, de los negocios y queremos combatir de manera radical el proxenetismo, la prostitución clandestina, las extorsiones y la trata de personas en el distrito de Lince”, dijo al iniciar la rueda de prensa.

“En consecuencia -continuó- el control del orden interno estará a cargo de la Policía Nacional; y las Fuerzas Armadas pasan a apoyar las tareas de control del orden interno con las restricciones constitucionales que todos sabemos y que se explicarán más adelante”.

Precisó que el Gobierno no es partidario de una “declaratoria masiva del estado de emergencia”, y que la medida, si bien estará en vigencia por 60 días, será evaluada día a día y podría ser modificada en 15 ó 20 días, según los resultados que se obtengan.

La percepción del Ejecutivo, a juzgar por las expresiones de Otárola, es que el estado de emergencia estaría dando buenos resultados.

“Creemos -dijo- que estamos yendo por el camino correcto, respetando los derechos de la cuidadanía y dando duros golpes [a la delincuencia]”.

TRATA DE PERSONAS.

El ministro del Interior, Vicente Romero, subrayó que el Cercado de Lima es, después de San Juan de Lurigancho, el distrito limeño con más alta incidencia delictiva (robos, hurtos,extorsiones, estafa, sicariato).

Dijo, además, que la policía ha identificado en Lince al menos siete puntos donde se llevan a cabo acciones de trata de personas, “el delito más cruel que existe actualmente”.

Refirió que hace unos días hizo coordinaciones con la alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman.

El 2 de octubre pasado, Schnaiderman pidió al Gobierno declarar en emergencia su distrito.

EMPRESARIOS EN DESACUERDO.

Como era de esperar, los propietarios de negocios no tardaron en expresar su malestar y desacuerdo con el plan anunciado por el Gobierno.

Un grupo de ellos se reunió anoche horas después del anuncio, para expresar sus temores.

“Me refiero a nuestras familias y nuestro personal. Estamos hablando de unas 3 mil personas solo en Lince que van a resultar perjudicadas (...) ahora, personal nuestro, después de la medianoche ¿donde va a estar?”, expuso el propietario de un restaurante -pollería, en Canal N.

“Exigimos al Gobierno que, en vez de hacer este tipo de cosas, vea otras estrategias. Estamos de acuerdo que las FFAA ayude a la policía. Pero hay una labor de Inteligencia que tiene que ser realizada primero para ubicar a los grupos y erradicarlos”, añadió.

“Esto nos perjudica a los empresarios y a nuestros trabajadores”, señaló.

“Esos 15 o 20 días que el Gobierno va a evaluar, a nosotros nos va a perjudicar. No podemos todavía evaluar las pérdidas pero es un montón de plata. Exigimos que no haya restricciones a los negocios”.

Otra empresaria, que dijo estar en el rubro de establecimientos de hospedaje y pollería, precisó que en Lince existen 170 hoteles y hospedajes que, en un 95%, están vinculados con cadenas hoteleras internacionales y dan cobertura al turismo extranjero y nacional.

Sólo en este rubro, dijo, se estima que unas 10 mil personas sufrirían perjuicios económicos.

MILAGROS.

En otro ámbito, el teniente alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, aseguró que no habrá ningún inconveniente para los devotos católicos de la efigie del Señor de los Milagros.

Todo se mantendrá igual, los horarios y salidas habituales, y la protección por las cámaras de video-vigilancia, dijo.

CIFRAS PNP.

De acuerdo con datos de la Policía Nacional, el Cercado de Lima ostenta un indeseable primer lugar en el número de casos de extorsión (cobro violento de cupos) con 169 denuncias en el primer semestre de 2023.

Le siguen Ate (136 casos) y San Martín de Porres (96 casos).

En relación con el sicariato, los distritos con mayor incidencia son San Juan de Lurigancho (74 casos), Ate (39 casos) y San Juan de Miraflores (25 casos).

LINCE.

En Lince destacan la trata de personas, el proxenitismo y la extorsión.

En este distrito prospera una llamada “zona rosa” manejada por hampones extranjeros y peruanos.

El 30 de septiembre último, extorsionadores arrojaron una granada de guerra en la puerta de un hotel de la cuadra 20 de la avenida Petit Thours.

Hace unos días, una trabajadora sexual venezolana fue asesinada a tiros por extorsionadores.

La alcaldesa del distrito solicitó la declaratoria de emergencia temporal, al parecer, con escasa coordinación con el sector privado de su jurisdicción.