El exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón Rojas aún tiene cuentas por saldar con el Poder Judicial. Tras anularse su prisión preventiva y reaparecer en la escena pública, por un fallo favorable del Tribunal Constitucional, el exfuncionario todavía debe responder por dos juicios orales en su contra, que suman 16 años de prisión.

Repetición

Los procesos penales contra Cerrón Rojas comparten determinadas características. En ambos se le acusa de colusión por la presunta concertación ilegal con dos consorcios, uno en cada caso, en torno a obras públicas.

En el primer juicio, la Fiscalía pide nueve años de prisión y el mismo lapso de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, enfrenta un pedido de reparación civil de S/3,680,241. Según la tesis fiscal, Cerrón concertó de forma ilícita con el consorcio Mrayan, a través de su gerente general Henry López, para defraudar patrimonialmente al Estado.

“Esta concertación se habría producido al viabilizar la ejecución del proyecto de mejoramiento de la carretera Chucuró - Vista Alegre de Chicche - Ongos Alto - Huaycancha bajo la modalidad de Asociación Público Privada”, indica. La audiencia más reciente se realizó el último martes 18. Cerrón estuvo presente de forma virtual y negó los cargos.

También asistió a la audiencia de su otro juicio oral, realizado ayer, por el caso “Sistema eléctrico de Betania”. En este proceso, la Fiscalía sostiene que Cerrón “concertó ilegalmente con el representante del Consorcio Eléctrico Perú para aprobar la prestación adicional de la obra N° 1 por un monto de S/1,236,484”.

Este proyecto de electrificación de ocho localidades de la cuenca del río Tambo “carecía de sustento técnico y legal” de acuerdo al MP. Por ello, pide siete años de prisión y el mismo periodo de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La Procuraduría, en tanto, exige un pago solidario de S/4,158,722 por daño patrimonial y extrapatrimonial.