Por unanimidad (14 votos), la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final que acusa al ex juez supremo César Hinostroza como presunto instigador y autor del delito de tráfico de influencias agravado, previsto y sancionado en el Código Penal.

Asimismo, como presunto instigador de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y alternativamente por la presunta comisión de delito de patrocinio ilegal, previstos en el código penal en agravio del Estado.

En consecuencia, el informe final de la denuncia constitucional 75 (ex 417), formulada por la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, contra el exjuez será remitido a la Comisión Permanente para que prosiga su trámite.

La sustentación del informe final estuvo a cargo del congresista Wilson Soto (Acción Popular), en su condición de delegado. La denuncia giró en torno a dos hechos: las contrataciones de Brian Rojas Alonso e Idalia Guerrero Sosa en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y Poder Judicial, respectivamente.

Nuevo estudio

En la sesión se sustentó el informe de calificación que declara improcedente la denuncia constitucional 74 (ex 415), formulada por el excongresista Aron Espinoza contra la expresidenta del Consejo de Ministros Violeta Bermúdez y el exministro de Economía y Finanzas Waldo Mendoza.

Se imputaba a ambos denunciados la falta de implementación de la Ley 31083, que establece un régimen especial facultativo de devolución de los aportes para los aportantes activos e inactivos bajo el Decreto Ley 19990 administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) que debió hacerse a partir de los 15 hábiles a partir de su publicación.

La propuesta obtuvo 6 votos en contra, 4 a favor e igual número de abstenciones, tras lo cual la presidenta de la subcomisión, Rosío Torres (Alianza para el Progreso), dijo que la denuncia será reevaluada y nuevamente ser sometida a votación.

Informes al archivo

En otro momento, se aprobó el informe de calificación que declara improcedente la denuncia 99 (ex 449) formulada por el ciudadano Javier León Eyzaguirre, contra el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, por los delitos de abuso de autoridad, encubrimiento personal, encubrimiento real y omisión de denuncia.

Al obtener 11 a favor, 2 en contra y 1 abstención la denuncia constitucional fue desestimada y enviada al archivo por no cumplir con los requisitos.