Dos días después de que la Junta de Portavoces del Congreso acordara darle prioridad a la moción que propone remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por suspender de manera célere a la fiscal de la Nación Patricia Benavides, los organismos internacionales -una vez más- pretenden intervenir en los procesos peruanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) utilizó sus redes sociales para indicar que todos los procedimientos que puedan resultar en la destitución de personas operadoras de justicia, deben guiarse por el principio de legalidad y el debido proceso.

“La CIDH recuerda que los controles políticos de la actividad de las personas operadoras de justicia, basados en criterios de discrecionalidad o razones políticas, resultan contrarios a las garantías de independencia e imparcialidad que deben ser observadas en procesos disciplinarios”, indicó el organismo.

Esta es la segunda vez en que la CIDH intenta involucrarse en un procedimiento vinculado a la JNJ, pues en setiembre mostraron su “preocupación” por la investigación que la Comisión de Justicia desarrollaba sobre la institución.

SE SUMAN

Por otro lado, al menos tres organizaciones internacionales emitieron un pronunciamiento en conjunto bajo el rótulo: “La remoción masiva e inmediata de integrantes de la JNJ es un ataque institucional que generaría el quiebre del orden constitucional”.

Se trata de el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y Advocacy for Human Rights in the Americas (WOLA), organismos que expresaron su “más enérgico rechazo”.

“Alertamos a la comunidad internacional que la remoción, sin permitirles ejercer su derecho de defensa, ni observar un debido proceso, constituye un ataque institucional prohibido por derecho internacional que supondría un quiebre constitucional y una grave afectación al régimen democrático”, señala el comunicado.

Finalmente, hicieron un llamado al Congreso para “ejercer sus facultades respetando la independencia del sistema de justicia y a honrar los compromisos asumidos por el Estado Peruanos en la Carta Democrática Interamericana ante la comunidad internacional”.