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Ciro Castillo-Rojo trató de retomar su cargo sin éxito

El suspendido gobernador del Callao no fue autorizado por el Consejo Regional para ingresar a local. Su abogado, Humberto Abanto, anunció denuncias por usurpación de funciones y otros
El suspendido gobernador del Callao no fue autorizado por el Consejo Regional para ingresar a local. Su abogado, Humberto Abanto, anunció denuncias por usurpación de funciones y otros. (Foto: GEC)

Redacción Diario Correo

Actualizado el 03/02/2026, 07:20 a.m.

El suspendido gobernador regional del Callao, Ciro Castillo-Rojo, intentó ingresar ayer a la sede del Gobierno Regional para retomar sus funciones.

“Ustedes siempre han estado conmigo y yo siempre voy a estar con ustedes. Vamos a hacer las cosas a la chalaca, cumpliendo la ley. No vamos a caer en provocaciones”, expresó a la prensa.

Castillo-Rojo había permanecido prófugo desde el 15 de diciembre de 2025.

Oposición

El funcionario, investigado por presuntamente integrar la organización criminal “Los socios del Callao”, permaneció más de una hora en los exteriores del edificio a la espera de un permiso que le permitiese ingresar.

Sin embargo, no recibió autorización del Consejo Regional.

Tras el impedimento, Humberto Abanto, el abogado de Castillo-Rojo, anunció que presentará una denuncia penal contra la gobernadora regional interina, Edita Vargas, y demás responsables.

“Vamos a tener que denunciar a ella y a los cómplices de este delito, que, además, es un delito de usurpación de funciones, violencia y resistencia a la autoridad contra el gobernador regional”, declaró.

Asimismo, señaló que tras la decisión del Poder Judicial (PJ), que anuló la prisión preventiva y dictó comparecencia con restricciones para su patrocinado, no hay base legal para que Vargas continúe como interina.

“La ley prevé una situación que se llama de pleno derecho. La aparición del titular elimina inmediatamente la suplencia. La ley no establece un plazo distinto de 180 días”, sostuvo.

Apoyo

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) respaldó la decisión de anular la cárcel provisional de Castillo-Rojo.

“La imposición de medidas como la prisión preventiva no solo impacta la esfera personal del investigado, sino que también puede afectar la institucionalidad democrática”, indicó.

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