Una serie de normas del Congreso, catalogadas de irresponsables, como la que otorga beneficios laborales a los trabajadores públicos del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), tienen en vilo la economía del país y ha desatado los constantes reclamos de entidades técnicas como el Consejo Fiscal.

Ante ello, el pasado 28 de enero, la entonces ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, informó que se estaba elaborando una estrategia para identificar cuáles son las leyes que estarían generando mayor costo fiscal y el Poder Ejecutivo acudiría al Tribunal Constitucional (TC) para frenarlas.

Incluso, el último 5 de marzo, Miralles, como premier, conversó con la presidenta de esta instancia, Luz Pacheco, para revisar el caso pero el trámite se pospuso por la emergencia climática. Doce días después, Miralles renunció al cargo.

Ahora, el presidente José Balcázar anunció que promulgará la ley CAS, que costaría al Estado más de S/3 mil millones anuales según estimaciones del Consejo Fiscal (CF).

Estos gastos aprobados por el Congreso, según los entendidos, son inconstitucionales, pues la Carta Magna le prohíbe al Parlamento tener iniciativa sobre el dinero público.

Opciones

Ante esta situación de irresponsabilidad del Parlamento, ¿qué alternativas tiene la ciudadanía para defenderse? La única opción, señalan los constitucionalistas, es acudir al Tribunal Constitucional.

Según el artículo 203 de la Constitución Política, ocho actores tienen legitimidad para interponer una acción de inconstitucionalidad directamente ante el TC.

Entre ellos figuran el presidente de la República, el 25% del número legal de congresistas (equivalente a 33 legisladores), los colegios profesionales en materias de su especialidad y 5,000 ciudadanos con firmas debidamente validadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Al respecto, el constitucionalista y ex presidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma explicó que la única figura jurídica aplicable es la demanda de inconstitucionalidad, presentada directamente ante el TC.

García Toma identificó quiénes están habilitados para interponer este recurso ante el TC. “Existen mecanismos alternativos. Primero, que un sector del Congreso presente la iniciativa. La segunda, que lo hagan los colegios profesionales que estén vinculados con la materia. Lo tercero, los ciudadanos, la ciudadanía pudiera recoger 5,000 firmas, validarlas ante el sistema electoral y presentar esta demanda”, detalló.

No obstante, García Toma lamentó que el Ejecutivo, que también tiene esta potestad, se niegue a ejercerla. “No quiere hacerse problemas con nadie. Como está ‘pegadito’ con baba, al primer soplido se va, entonces no quieren tener problemas ni con el TC, no quieren tener problemas con la Contraloría, no quieren tener problemas con el Ministerio Público, y mucho menos con el Congreso”, sostuvo.

Coincidencia

En el mismo sentido, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga León precisó que los colegios profesionales pueden actuar únicamente en materias de su especialidad y aclaró cuál de ellos tiene mayor alcance. “El único que tiene especialidad general son los colegios de abogados, pero podría ser el Colegio de Economistas si se entiende que es un tema económico”, refirió. Quiroga asegura que el TC es el único que puede modificar una ley. “En la Constitución dice que lo que el Congreso hace, el Tribunal lo puede corregir. No habría otra opción o, al menos que el gobierno cambie la ley”, precisó. Además, el jurista calificó estas leyes como “populistas” y afirmó que son presentadas justamente en medio de una campaña electoral para obtener votos de los trabajadores.

Gremio

En ese contexto, el decano del Colegio de Economistas del Perú, Juan González Boza, informó a Correo que el gremio que lidera evalúa presentar una acción de inconstitucionalidad contra este paquete de leyes. “Vamos a hacer las coordinaciones pero también, el día 30 de marzo del 2026, tenemos una reunión con los decanos de los diferentes colegios profesionales desde Tumbes hasta Tacna, del centro, del norte, del oriente y del sur. Así que ahí también vamos a tener la ocasión de poder, en todo caso, llegar a algunos acuerdos”, destacó. Gonzáles Boza reveló que durante su gestión al frente del Colegio de Economistas del Cusco, el tema “se presentó como punto de agenda en una sesión del Consejo Directivo, discutimos y convocamos a una conferencia de prensa en la ciudad de Cusco y bajo la asesoría de un abogado canalizamos esta demanda de inconstitucionalidad”. Pero el tema no llegó al final al TC.

De larga data

El economista González Boza explicó que el problema no se limita a las normas más recientes sino que viene acumulándose desde hace años. El decano citó un informe de la Dirección General de Políticas de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que documenta el crecimiento sostenido de proyectos de ley con impacto fiscal: en 2020 ingresaron 77 al Congreso, en 2021 subieron a 163, en 2022 llegaron a 178, en 2023 alcanzaron 221, en 2024 sumaron 251 y en 2025 rozaron los 200.

Según el decano, todas estas apuntan a incrementar el gasto público o reducir los ingresos tributarios. “Desde el año 2020 se ha ido incrementando de manera muy ostensible todo aquello que tiene que ver con el déficit fiscal. Y definitivamente hay muchos proyectos de ley en el Congreso de la República que apuntan a incrementar el gasto público o reducir los ingresos fundamentalmente por concepto de captación de los tributos”, advirtió.

Para el decano, hay cinco leyes con mayor impacto sobre las finanzas públicas vigentes. “Implican un costo fiscal anual cercano aproximadamente a los 22,000 millones de soles. Estos cinco proyectos serían la ley 32387, denominada ley FONCOMUN, la ley 32335 que establece cursos de capacitación como medida preventiva para microempresarios bajo la potestad de la SUNAT, la ley 32201 que establece un régimen excepcional del Impuesto a la Renta para la formalización de la economía, la ley 32424 que establece la homologación del incentivo CAFAE de los trabajadores del régimen 276 de los gobiernos regionales y la ley 32216 que autoriza suscribir acuerdos con incidencia económica en la negociación colectiva a nivel descentralizado.

Todo esto definitivamente afecta a las arcas del Tesoro Público”, precisó.Sobre la ley que otorga beneficios a los trabajadores del régimen CAS, González Boza detalló que sería aprobada pese a la advertencia de su impacto fiscal. “Este proyecto de ley, si se tangibiliza, generaría un costo anual superior a los 2,800 millones de soles”, indicó.