Las columnas rajadas del colegio Daniel Alcides Carrión, ubicado en el distrito de Santa Anita, son más que un problema de infraestructura, pues son el símbolo de lo que el Estado peruano no puede pagar porque el dinero ya está comprometido en otro lado. A esta situación se suma la falta de remodelación en hospitales y mayor seguridad.

En el dominical de Punto Final, Juan Julio Espejo, director del plantel, describió una situación que se arrastra desde hace 12 años, ya que el pabellón de secundaria fue declarado inhabitable por el municipio distrital. Además, se visualizan estructuras dañadas, grietas y más situaciones que ponen en peligro la vida de los estudiantes.

Debido a esta problemática, los alumnos deben estudiar en aulas prefabricadas bajo condiciones poco óptimas. A pesar de la visita de autoridades, el director informó que no se cuenta con un expediente técnico hasta la fecha.

La brecha de infraestructura educativa en el país supera los 35 mil millones de dólares. A esto se suma la falta de atención en hospitales del Perú, como el nosocomio Goyeneche en Arequipa y el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega en Abancay. Los trabajos de remodelación llevan años en la lista y funcionan a capacidad limitada.

¿HABRÁ PRESUPUESTO EN EL PRÓXIMO GOBIERNO PARA CERRAR BRECHAS?

De acuerdo a varios economistas, el Congreso está dejando una “bomba de leyes” que tendrá un significativo impacto fiscal y comprometerá recursos futuros del Estado.

Según el Consejo Fiscal, entre agosto de 2021 y diciembre de 2026 se promulgaron 248 leyes con impacto fiscal adverso. De este total, 199 incrementan el gasto público a través de compromisos pensionarios o remuneraciones; otras 39 erosionan el ingreso económico a través de creación o implementación de nuevos beneficios tributarios sin sustento técnico; y 10 leyes incrementan las transferencias económicas a los gobiernos locales.

Cabe mencionar que 101 de esas leyes fueron aprobadas y promulgadas por insistencia por el Congreso. El costo anual de este tipo de iniciativas representaría un incremento de 36 mil millones de soles en el presupuesto nacional, considerado el más alto registrado en todo el periodo.

A esto se suman las nuevas leyes aprobadas entre marzo y abril de este 2026. Es el caso de la Ley 32581, la cual homologa las pensiones de los maestros jubilados y tiene un costo de 5 670 millones de soles. También se suma la Ley 32561, con un costo de 16 100 millones de soles (costo a 50 años).

Al respecto, Diego Macera, director del IP y miembro del Consejo Fiscal, alertó que la situación se ha puesto “peor” y que deberá enfrentar el próximo gobierno, pues entre marzo y abril se han aprobado nuevas normas de mayor impacto fiscal. “Se destina dinero para este lado y se corta en otro lado, como en infraestructura, programa de becas y más”, sostuvo.

“Hoy podemos pagar, bien o mal, parte de esto porque tenemos alto precio de los minerales. Pero qué va a pasar cuando en algún momento bajen”, advirtió el economista.

Ese próximo gobierno heredará también una decisión política de alto costo: si presenta o no acciones de inconstitucionalidad contra las leyes aprobadas por el Congreso que integran esta carga fiscal.