Comisión de Constitución eleva valla a movimientos regionales para mantener inscripción

El debate de las reformas políticas sigue su camino en el Congreso. La Comisión de Constitución aprobó ayer el texto sustitutorio respecto al proyecto, que establece cancelar la inscripción de los movimientos regionales que incumplan con algunas causales tras el proceso de elecciones generales.

El artículo debatido fue el 13-A, el cual determina que si, al finalizar el proceso electoral un movimiento regional no alcanzó como mínimo ubicar un consejero y no pudo superar el 8% de los votos válidos en las elecciones de su respectiva circunscripción, perderá su inscripción.

Se añade que cuando una alianza (de partidos o movimientos) participa en la contienda, deberá obtener un porcentaje de 8% y se elevará 1% por cada organización aliada. Se debe precisar que en este caso la valla se elevó de 5% a 8%.

Otro motivo por el que podría perder la inscripción es si la organización decide no participar en la elección regional.

También si es que no participa en los procesos municipales de por lo menos 2/3 de las provincias y 2/3 de los distritos de la circunscripción regional en la que participa.

Asimismo, si la disolución (de la alianza) se produce a solicitud del órgano autorizado, previo acuerdo de los involucrados. Y, finalmente, si es que por decisión interna se decide desintegrar la alianza.

Estas reformas fueron aprobadas por los fujimoristas Gladys Andrade, Ángel Neira, Alejandra Aramayo, Luz Salgado, Lourdes Alcorta, Milagros Takayama; Gino Costa (BL), Marisol Espinoza (APP); Javier Velásquez (APRA); en contra votó Alberto Quintanilla y Marisa Glave.

Se debe tener en cuenta que el 8% de votos válidos dependerá de los electores de cada región, cuyo número es diferente en cada circunscripción.

PROPUESTA INICIAL

DEBATE

Por ello, propuso que se coloquen límites para evitar que sea en esos movimientos donde “se termine recluyendo la corrupción” proveniente de la minería ilegal, tala ilegal y otras actividades ilícitas.

Lourdes Alcorta (FP) recordó que en regiones como Tumbes, Cusco, Ayacucho, Moquegua y otras se han visto casos de corrupción por parte de líderes de este tipo de organizaciones regionales. “Los movimientos tienen que ser supervisados, la fiscalización debe ser completa”, manifestó.

A su turno, Javier Velásquez (APRA) indicó que la reforma política debe establecer el escenario para que haya un crecimiento igualitario en el país. “Hay gobiernos regionales cuyas autoridades tienen más poder que un Ministerio (...) Participar en la política del país tiene que ser un acto de contribución a que el país se integre”, sostuvo.

Y precisó que si se bajaba la valla electoral (a 5% de votos), entonces habría más de 300 movimientos regionales.

Quien se mostró en contra de lo aprobado fue Alberto Quintanilla (NP), quien dijo que los últimos cinco presidentes del Perú han estado involucrados en temas de corrupción. Su colega de bancada, Marisa Glave, pidió no satanizar el desarrollo de las regiones. “Nuestro país es centralista y los partidos nacionales se vuelven partidos limeños, porque la dinámica del Gobierno Central está enquistada en Lima y eso aleja (a los movimientos) del territorio donde están”, precisó.

Pero fue Patricia Donayre (NoA), quien propuso que si un movimiento no conseguía la elección de un consejero regional, entonces pierda la inscripción. Es vital, dijo, que el movimiento regional “tenga presencia” en el Congreso.

PARTIDOS Y ALIANZAS

Sobre el particular, se trajo a colación el caso de la unión entre el APRA y el Partido Popular Cristiano (PPC) en las últimas elecciones del 2016.

En esa ocasión lograron pasar la valla electoral y rescatar la inscripción, aunque ningún representante del PPC llegó al Congreso. Solo el Partido Aprista logró colocar a cinco representantes.

Es así que Milagros Takayama, Alejandra Aramayo, Luz Salgado, Ángel Neira (FP), Marisa Glave y Alberto Quintanilla (NP) votaron a favor. En contra lo hicieron Marisol Espinoza (APP), mientras que se abstuvieron Lourdes Alcorta y Gladys Andrade de Fuerza Popular.

Rosa Bartra (FP) cuestionó que se formen alianzas únicamente con intereses políticos. “Debemos ser responsables; si estamos planteando cambios, estos deben atacar los problemas, y uno de ellos es el uso de alianzas como vehículo electoral o tabla de salvación sin ningún compromiso de gobierno. Eso es lo que queremos atacar con este artículo”, indicó en su intervención.

Para Luz Salgado (FP), esta es una oportunidad para reflexionar con qué partidos es prudente hacer una alianza política. “Creo que esto debe obligar a pensarlo dos veces antes de juntarse; no se pueden juntar por el hecho de tener una votación”, enfatizó la fujimorista.

La parlamentaria Marisol Espinoza (APP) pidió resaltar que los que pierden la inscripción son aquellos partidos que no consiguen ubicar a uno de sus integrantes en el Parlamento, y que no se señale a la alianza en general. “No podemos aprobar: las alianzas se cancelan porque son todas las alianzas. Hay que precisar: las alianzas que perdieron el proceso electoral o aquellas que no obtuvieron representación, se les cancela 30 días después”, manifestó.

Mientras tanto, Marisa Glave consideró un error “obligar” a un partido a continuar con la alianza política. “Si uno de la alianza no tiene un representante al menos en el Congreso, debe perder su inscripción”, acotó.

Cabe indicar que Nuevo Perú y Frente Amplio también se unieron para las elecciones pasadas, y terminaron separándose a los pocos meses de haber llegado al Parlamento por diferencias entre sus líderes, Verónika Mendoza y Marco Arana, respectivamente.