Polémica. Fuertes cuestionamientos generaron ayer el archivamiento de las denuncias en la Comisión de Ética contra dos representantes de la bancada fujimorista: la presidenta del Congreso, Luz Salgado, y el hermano de la lideresa de Fuerza Popular, Kenji Fujimori. Incluso, algunas voces advertían un supuesto “blindaje” dado que al fujimorismo le tocó dirimir en la votación final.

Kenji Fujimori había sido denunciado por entregar computadoras y material educativo al colegio Micaela Bastidas del distrito de Tinta, provincia de Canchis, (Cusco) durante la semana de representación congresal, en octubre pasado.

El informe de la Secretaría Técnica de la Comisión de Ética había recomendado archivar el caso.

DEBATE. El presidente de la citada comisión, Segundo Tapia, sustentó el archivamiento de la denuncia. “Esto constituye una donación para el colegio. La entrega se dio el 28 de octubre de 2016 y la semana de representación fue del 31 de octubre al 4 de noviembre, entonces las fechas no coinciden”, afirmó.

Señaló, además, que los gastos no tienen origen público y que el dinero corresponde a gastos del propio congresista. “Tampoco corresponde a una campaña electoral”, precisó.

Por su parte, los congresistas Mauricio Mulder (APRA) y Richard Arce (FA) rechazaron el informe que recomendaba el archivamiento del caso.

El legislador aprista sostuvo que no es correcto que un parlamentario actúe como “Papá Noel” o como si estuviera en un programa de televisión y buscando comprar conciencias.

“Es deleznable, desnaturaliza el trabajo político (…) Es una violación al Código de Ética que señala que debemos tratar con respeto y dignidad a los que tienen una condición de extrema pobreza”, manifestó. Arce manifestó que esta situación genera un “descrédito” al Congreso.

Más adelante, Yonhy Lescano (AP) hizo referencia al Código de Ética de la Función Pública, el cual prohíbe entregar este tipo de donaciones.

VOTOS Y AUSENTES. Llegado el momento de la votación Úrsula Letona, Juan Carlos Gonzales, Milagros Takayama y Segundo Tapia votaron a favor del informe que contemplaba el archivamiento del caso; mientras que Yonhy Lescano, Mauricio Mulder, Richard Arce y Eloy Narváez votaron en contra. El empate motivó que el fujimorista Tapia haga uso del voto dirimente, con lo cual se aprobó que el informe fuera enviado al archivo.

Cabe precisar que en esta sesión estuvo ausente el legislador de Peruanos Por el Kambio Guido Lombardi, cuyo voto hubiera decidido la situación de Kenji Fujimori y no hubiera tenido que dejarse el caso en manos de un fujimorista.

Cabe recordar que Lombardi tampoco acudió a la sesión de diciembre pasado, en que la Comisión de Ética decidió iniciar una indagación preliminar contra el congresista Fujimori.

LUZ. En el caso de la titular del Congreso, Luz Salgado, la Secretaría Técnica de la Comisión de Ética recomendó declarar improcedente la denuncia en su contra por presuntas irregularidades en el proceso de compra de 980 computadoras a la empresa “Coresol SAC” a cargo del Congreso. La denuncia fue interpuesta por el ciudadano Juan Felipe Chanco.

Los fujimoristas Juan Carlos Gonzales, Úrsula Letona, Segundo Tapia y Milagros Takayama, además de Eloy Narváez (APP) y Mauricio Mulder (APRA) fueron los que votaron a favor del archivamiento del caso.

En contra votó Yonhy Lescano (AP), mientras que por la abstención se inclinó Richard Arce (FA). Sin embargo, minutos después, este último cambió de posición y votó en contra.

Cabe señalar que tras esta denuncia presentada en diciembre pasado, Luz Salgado señaló en una sesión plenaria que ella renunciaría a su cargo si se le probaba que se había cometió algún delito. “Si me demuestran que algún empleado se ha enriquecido, yo lo saco y renuncio, yo no me aferro a ningún cargo o sillón”, expresó en aquel entonces.

DEBATE. En este debate, Lescano (AP) cuestionó la posición de Luz Salgado y subrayó que debió cumplir con su palabra de renunciar al cargo. “Ha habido un compromiso frente al Congreso y frente al país de que si se encontraba alguna irregularidad en algún funcionario, entonces ella iba a renunciar a la Presidencia del Congreso, y eso se ha determinado porque se ha destituido a funcionarios (...) Se está pasando por agua tibia hechos que deben investigarse”, señaló.

A su turno, Mulder discrepó con lo expuesto por el integrante de la bancada de AP. “Cuando la Comisión de Ética comience a juzgar las palabras que se pronuncian en el pleno, estaríamos empezando a meternos en honduras diciendo, por ejemplo, usted dijo tal cosa pero luego no la cumplió. Me parece que ese no es un tema que concierne a la ética”, señaló.

Agregó que el “compromiso” de la presidenta del Congreso “es un tema estrictamente político”, y que si la comisión la sanciona, sería “un exceso”.

En tanto, Úrsula Letona (FP) rechazó las críticas hacia su bancada y los argumentos que hablan de un uso indiscriminado de su supuesta mayoría en la Comisión de Ética.

“Hay que ser responsables cuando tomamos una decisión y siempre las decisiones deben ampararse en documentos. En el caso de Luz Salgado, ella solo ha hecho mención a un hecho político”, afirmó.

El primero de los casos es el de Elías Rodríguez (APRA), quien fue denunciado por haber plagiado en seis de sus proyectos de ley, infringiendo el artículo 4 del Código de Ética, el cual establece que “son deberes de la conducta del congresista responsabilizarse por todo documento que firma y sella”.

En su momento, el parlamentario aceptó su responsabilidad y renunció a la Tercera Vicepresidencia del Congreso. En un inicio, el informe de la Secretaría Técnica recomendó sancionarlo con 90 días, sin embargo, durante el debate Mulder solicitó una cuestión previa, mediante la cual pedía solo una amonestación en contra de su colega. Sin embargo, este pedido fue rechazado.

Posteriormente, la fujimorista Milagros Takayama planteó suspenderlo por solo un mes, propuesta que fue aprobada en votación unánime. También se establece el descuento de sus haberes durante ese tiempo.

Segundo Tapia consultó a los integrantes de la comisión si el informe debía ser enviado al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes, pero tal posibilidad fue rechazada por sus colegas.

Otro congresista sancionado fue Clayton Galván (FP). La Secretaría Técnica solicitó una suspensión de 90 días por incumplir con una sentencia judicial del 2013, en la cual tenía la “obligación de dar una suma de dinero” a la Caja Rural de A y C del Mantaro. El informe subrayó que esta sentencia aún se mantiene vigente y pendiente de pago hasta la actualidad.

Cabe señalar que en julio pasado, el congresista de Cerro de Pasco omitió consignar esta sentencia en su hoja de vida.

Durante el desarrollo de este caso, tres legisladores fujimoristas solicitaron que la suspensión sea por 30 días, pero tal pedido no fue aceptado.

A su turno, Mulder advirtió que se buscaba favorecer con tal petición al fujimorista en perjuicio, por ejemplo, del caso de su colega de bancada Elías Rodríguez. “Esto es un acto intencional de no querer pagar la deuda, y no se puede equiparar al plagio, en el que el legislador confió en su asesor”, señaló.

Mulder, Lescano, Narváez y Tapia votaron a favor del informe inicial que sanciona a Galván con 90 días de suspensión. Takayama, Gonzales, Letona y Arce se abstuvieron.

Como la votación fue un empate, Tapia recordó que si las abstenciones no superan los votos a favor, el informe queda aprobado.

La última sancionada fue Yesenia Ponce (FP), quien fue suspendida por 120 días. En este caso, no hubo el debate correspondiente y por votación unánime se procedió a suspenderla sin goce de haberes.

Ella fue denunciada por intervenir de manera “prepotente” en una sesión del Consejo Regional de Áncash realizada el 6 de octubre de 2016. Esta actitud iba en contra del comportamiento ético de los parlamentarios.