Como era de esperarse, la Comisión de Ética aprobó ayer iniciar por separado tres procesos de investigación al presidente del Congreso, Alejandro Soto, para determinar su responsabilidad en denuncias que suponen una grave afectación al código de conducta parlamentaria. La votación fue unánime, sin posturas en contra ni en abstención.

La primera indagación será por la aparente irregularidad que cometió el legislador al contratar a Yeshira Peralta, tía de su hijo, como personal técnico en su despacho congresal.

El segundo caso estará referido a la “Ley Soto” (No. 31751). Allí se acusa al parlamentario de haber utilizado la norma para que se archive un proceso judicial en su contra.

En tanto, el tercero y más polémico, se enmarca en el supuesto recorte de sueldos del personal de Soto para el financiamiento de publicidad y cuentas falsas a fin de que limpien la imagen política del legislador en las plataformas de las redes sociales.

VOLUNTAD

Luego de la sesión, el presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán (Avanza País), garantizó que su mesa de trabajo realizará un trabajo prudente y que a diferencia de las anteriores gestiones, la suya no dilatará los procesos investigativos.

“Hubo investigaciones que duraron cinco a seis meses. Eso no se volverá a repetir”, indicó.

Antes lo había dicho así: “Tenemos el compromiso de que las indagaciones no duren más de tres meses”.

Después de las indagaciones, la Comisión de Ética deberá o no plantear una sanción contra Soto. El máximo castigo es una suspensión de 120 días de funciones sin goce de haber.

De prosperar, deberá ser elevado al pleno para que decida como última instancia.

No obstante, cuando la Comisión de Ética investigó los casos de recorte salarial de las legisladoras Heidy Juárez, Rosío Torres y Magaly Ruiz, las sanciones fueron irrisorias. Se espera que esta vez sea distinto.