La Ley N° 32181, promulgada por el Ejecutivo el miércoles de la semana pasada, no solo es cuestionable debido a que elimina las detenciones preliminares, un punto en el que el Congreso pretende dar marcha atrás, también enfrenta críticas porque estipula que los condenados con más de 80 años de edad, así sean terroristas o purguen una cadena perpetua, pueden solicitar cumplir sus sentencias fuera de prisión; por ejemplo, bajo un arresto domiciliario.

Los penalistas Luis Lamas Puccio y Mario Amoretti, consultados por Correo, han expresado su rechazo a la norma.

La disposición que beneficia a quienes tienen 80 años, incorporada al dictamen de dicha ley durante su debate en la Comisión de Justicia del Legislativo, puede beneficiar a condenados por delitos graves, como violación, narcotráfico y corrupción.

Tanto Lamas Puccio como Amoretti advierten que también puede beneficiar a aquellos que se encuentren privados de libertad bajo cadena perpetua, pues no hace distinción alguna sobre la extensión de las penas o los delitos que involucra.

SE FROTAN LAS MANOS.

Entre quienes se beneficiarán con dicha ley están Elena Iparraguirre (77), viuda de Abimael Guzmán, que fue condenada a 35 años de prisión por delitos de terrorismo. En la lista también estarían los terroristas Osmán Morote (79), Laura Zambrano (79), Margot Liendo Gil (75), Oscar Ramírez (camarada “Feliciano”, 71) quienes afrontan cadena perpetua.

No obstante, no serían los únicos. Otro que podría aprovechar esta posibilidad es Alejandro Toledo, quien con 78 años fue sentenciado a más de 20 años de prisión por el caso Interoceánica.

Vladimiro Montesinos, exasesor del desaparecido expresidente Alberto Fujimori, es otro personaje que estaría muy pronto expedito para apelar a este beneficio, pues tiene 79 año y en mayo llegará a los 80.

POSTURAS

Lamas Puccio afirmó que la norma representa una evidente contradicción por parte de los poderes del Estado, especialmente del Ejecutivo, que pregona la pena de muerte en el Perú, pero, al promulgar esta ley, perdona a quienes han cometido delitos graves.

“Eso pone en evidencia que el Estado desestabiliza el sistema de justicia y, por ende, en alguna medida, propicia que la delincuencia y la criminalidad aumente”, indicó.

Explicó que dicha disposición también desestabiliza la política de Estado en el tema de la corrupción, pues no hace distinciones sobre delitos graves o medianamente graves.

Opinó que el hecho de tener 80 años no debe ser un motivo suficiente para que los delincuentes o asesinos salgan de la cárcel.

“La norma no hace distinciones sino referencia a la edad de la persona”, dijo.

Asimismo, alertó que los arrestos domiciliarios en Perú son un caos, pues nadie los controla y que esta ley podría servirle a aquellas personas que se encuentran procesadas, ya que podrían alargar su juicio hasta cumplir una edad cercana a 80 años y salir de prisión rápidamente tras una condena.

Mario Amoretti coincidió. El penalista sostuvo que toda ley penal debe ser expresa e inequívoca, algo que no se cumple en el contenido de esta norma. Subrayó que beneficiará a los terroristas.

Coincidió con Lamas Puccio al señalar que los políticos procesados por corrupción podrían alargar sus juicios hasta alcanzar los 80 años, lo que les permitiría evitar la prisión.

“Esa ley beneficiará a delincuentes. Basta con que tengan 80 años al momento de la condena para que no vayan a la cárcel”, afirmó.

Respecto a la cadena perpetua, aseguró que el recluso “podrá irse a su casa” si cumple 80 años.

A su turno, el también penalista Vladimir Padilla cuestionó al Parlamento por “sorprender” con estas normas.

Indicó que el Congreso, al establecer en la norma que los mayores de 80 años “pueden afrontar su condena” en libertad o con ciertas restricciones, demuestra una clara ignorancia del tema.

“Le dice a la gente que a un condenado se le puede aplicar las medidas de una persona que no es condenada; es decir que se le puede variar la condición por un arresto domiciliario”, remarcó.

Sostuvo que para la excarcelación de alguien se tiene que verificar siempre si la persona puede ser reintegrada en la sociedad.