La creciente crisis penitenciaria por el hacinamiento y el deterioro de la infraestructura ha llevado a nuevas propuestas en el Congreso. La legisladora Ana Zegarra, de la bancada Somos Perú, presentó un proyecto de ley que busca permitir la participación del sector privado en la administración de los penales, sin ceder el control estatal sobre la seguridad y el tratamiento de los internos.

La iniciativa plantea que empresas privadas se encarguen de aspectos logísticos y de infraestructura, mientras que la supervisión y decisiones clave seguirán en manos del Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

“Estamos hablando de 34 años en los que el Estado no ha podido ejecutar acciones concretas sobre infraestructura y mantenimiento penitenciario”, afirmó Zegarra.

La congresista aclaró que el objetivo es fortalecer el proceso de resocialización de los internos.

La propuesta llega días después de que el ministro de Justicia, Eduardo Arana, planteara un esquema más limitado, en el que empresas privadas se encarguen únicamente del ingreso de reclusos en penales de máxima seguridad.

El proyecto legislativo será evaluado en las comisiones de Justicia y Economía del Congreso, y deberá contar con opiniones técnicas antes de su eventual debate en el Pleno.

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