Congresista de Fuerza Popular no declaró sentencia ante JNE por usurpación agravada

La congresista Liliana Pinedo (Fuerza Popular) no declaró una sentencia ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y contrató al esposo de la exlegisladora Gladys Andrade, con quien trabajó en su despacho.

Según informó el programa ‘Panorama’, Pinedo Achaca laboró unos meses como coordinadora en el despacho de la ex parlamentaria de Fuerza Popular en el Congreso disuelto (2016-2019).

La actual congresista no consignó en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una sentencia por el delito de usurpación agravada, por el cual fue sentenciada a tres años de prisión suspendida en 2014.

Pinedo Achaca fue obligada a anotar la sentencia en su currículum vitae presentado ante el organismo electoral según la resolución 081 del Jurado Electoral Especial (JEE), pues la sentencia se dio a conocer seis días antes de las elecciones del 26 de enero.

La parlamentaria también contrató al ex alcalde de Chancay Juan Alberto Álvarez Andrade, quien es esposo de Andrade y que fue grabado cuando ofrecía sus influencias para concretar la venta de un terreno. Fue denunciado por el Ministerio Público.

Según el dominical, este personaje, apodado 'Juanelo', fue grabado en agosto del 2017 asegurando que tenía el apoyo del presidente regional, del alcalde de Huacho y otras autoridades, por lo cual fue acusado del delito de tráfico de influencias.

“La verdad yo desconozco su antecedente. Sé que es un profesional. Creo que mientras no tenga una sentencia, nadie es responsable. Tenemos la presunción de inocencia y creo que si es buen profesional, hay que darle la oportunidad”, dijo Liliana Pinedo.

“Desconozco, no he visto el caso. Como estoy en un lugar donde no llega la señal y viajo constantemente, siempre tenemos problemas con la señal. No necesariamente tengo que saber todo lo que ocurre. Vivo en la provincia de Cañete, hay muchos problemas con la señal allí”, añadió.

Al respecto, Juan Alberto Álvarez Andrade aseguró que la denuncia en su contra fue archivada por la fiscalía porque pudo demostrar que “no se iba a cometer” el delito, es decir, no había “voluntad”.

“No había intención, el comprador no tenía voluntad de comprar nada, algo por el estilo, porque todo se trató de un trámite para llevar a cabo un… algo periodístico”, manifestó al dominical.