Congresistas aplazan debate de proyecto que reemplaza al Decreto de Urgencia 003

Ante la ausencia de los ministros de Estado involucrados, y con modificaciones por revisar, parlamentarios decidieron posponer el debate para el lunes 5 de marzo
Congresistas aplazan debate de proyecto que reemplaza al Decreto de Urgencia 003

Congreso

01 de Marzo del 2018 - 13:11 » Textos: María Claudia Medina

Casi una hora después de la hora fijada para debatir el proyecto que reemplazará al Decreto de Urgencia 003, el presidente de la comisión de Justicia del Congreso, Salvador Heresi, anunció que el debate quedaba aplazado hasta el lunes 05 de marzo a las 10 a.m.

"Se lavanta la sesión para pasar a cuarto intermedio", indicó. Aunque minutos antes se verificó que tanto la comisión de Justicia como la de Economía, grupos que llevan cinco sesiones conjuntas debatiendo el tema, cumplían el quórum mínimo para retomar el debate, la decisión ya estaba tomada.

"No se puede hacer un predictamen en 24 horas. Tampoco estamos diciendo que el lunes vamos a votar, tendremos que seguir discutiendo", dijo el congresista fujimorista Miguel Torres.

Frenazo al Ejecutivo

Según lo manifestó la congresista de Frente Amplio, Marisa Glave, horas antes de iniciar la jornada los parlamentarios recibieron un predictamen con varios cambios que no tuvieron oportunidad de evaluar, por lo tanto, correspondía mantener abierto el debate. "A varios nos preocupan los trabajadores, pero tampoco es que digan que se vote ahora sí o sí", comentó.

Deslizó que el Gobierno también tenía la posibilidad de extender, una vez más, el Decreto de Urgencia 003-2017 que ya ha sido prorrogado hasta el 13 de marzo.

La congresista de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo, también consideró que se debe analizar los nuevos cambios y lamentó que los ministros de Economía, Claudia Cooper, y el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, no estuvieran presentes, en parte debido a la realización del Gore Ejecutivo.

La norma busca establecer un régimen de hasta tres categorías en casos de corrupción en empresas privadas. De esta manera, el Gobierno espera garantizar el cobro de la reparación civil entre las empresas involucradas en casos de corrupción y permitir la continuidad de sus operaciones. Además, se espera incentivar los procesos de colaboración eficaz.

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