El futuro del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) quedará en manos de congresistas que, en algunos casos, tienen vínculos directos con la pequeña minería, han respaldado a organizaciones del sector o han planteado medidas para facilitar el acceso de los mineros a las concesiones. El registro vence el 31 de diciembre y la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) busca que sea ampliado por otros tres años.

La propuesta tendrá que ser discutida primero en la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, integrada por 18 parlamentarios. Después deberá pasar por la comisión correspondiente del Senado. La decisión llega en medio de una nueva disputa entre quienes consideran necesario mantener el Reinfo y quienes creen que, después de 24 años, el mecanismo ya no ha logrado formalizar a los mineros que permanecen en él.

Entre los diputados que tendrán que tomar una posición está Jesús Pérez, representante de Apurímac. El parlamentario es pequeño minero y empresario del transporte y llegó al Congreso con el respaldo de la Federación Regional de Comunidades Indígenas Mineras de Apurímac. Su actividad minera está vinculada a Uchuro, en Totora Oropesa.

También está Marino Lavado, de La Libertad y de Juntos por el Perú. Antes de llegar al Parlamento planteó la expropiación de determinadas concesiones para que los mineros pudieran acceder directamente a ellas.

La presidenta de la comisión, Yenifer Paredes, también aparece en el escenario. La legisladora de Juntos por el Perú sostuvo una reunión en Lima con representantes de Confemin, uno de los principales gremios que defiende la continuidad del Reinfo. El encuentro adquiere relevancia ahora que el gremio busca una nueva ampliación del registro.

POSTURAS DE ALGUNOS DIPUTADOS Y SENADORES

No todos los integrantes tienen una postura favorable a flexibilizar las reglas para la minería. El congresista Geanmarco Quezada, de Fuerza Popular, ha planteado una lucha contra la minería ilegal y su relación con organizaciones criminales. Sin embargo, también propuso reducir las trabas y los tiempos administrativos para los proyectos mineros formales y atender los problemas de los pequeños productores.

La diversidad de posiciones hará que el debate sobre el Reinfo no se limite a decidir si el registro continúa o desaparece. También se discutirá qué condiciones deben cumplir los mineros que pretenden seguir operando bajo este mecanismo.

Para el abogado y especialista en temas ambientales César Ipenza, una nueva prórroga no resolvería el problema. Recordó que la formalización minera lleva 24 años y cuestionó que quienes permanecen en el Reinfo continúen operando sin asumir plenamente las consecuencias de sus actividades.

Ipenza también advirtió que la permanencia del registro puede facilitar que oro de origen ilegal ingrese al mercado como si fuera producto de una actividad formal, debido a que no existiría un mecanismo suficiente para comparar cuánto mineral produce cada operador con el volumen que comercializa o exporta.

Por ello, planteó que cualquier nueva ampliación debería estar acompañada de controles concretos: que los mineros declaren las coordenadas donde trabajan, sean fiscalizados y asuman responsabilidades por los impactos ambientales y sociales que generen.

CONFEMIN PIDE 3 AÑOS MÁS

Confemin ya tomó una posición: quiere que el Reinfo se extienda tres años más. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, tampoco descartó una ampliación hasta que se apruebe la nueva Ley de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE).

La discusión pondrá nuevamente frente a frente a dos realidades. Por un lado, miles de pequeños mineros que buscan mantener una vía para continuar trabajando y avanzar, al menos en teoría, hacia la formalización. Por otro, las críticas de especialistas y sectores que consideran que el Reinfo terminó convirtiéndose en una salida temporal que se prolonga año tras año.

Ahora serán los congresistas de las comisiones de Diputados y Senado quienes tendrán que decidir si el Reinfo continúa por otros tres años, si se modifica o si finalmente se pone fin a un mecanismo que lleva más de dos décadas sin conseguir una formalización definitiva.

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