La investigación preliminar que sigue el fiscal José Domingo Pérez Gómez a Keiko Fujimori por la presunta comisión del delito de lavado de activos por el caso de los aportes supuestamente ilícitos a la campaña electoral de 2011, por parte de Odebrecht, ha salpicado a varios integrantes de su partido político, Fuerza Popular.

Es así que, en horas de la mañana de ayer, el vocero alterno de FP, Héctor Becerril, denunció -papel en mano- que había recibido una citación fiscal en calidad de testigo por el referido caso.

Este diario supo que el mismo documento fue derivado también a los despachos de sus colegas Leyla Chihuán, Carlos Tubino, Octavio Salazar, Freddy Sarmiento, Segundo Tapia, Federico Pariona, Karina Beteta y Claudia Schaefer.

Dentro de las diligencias, además, fue comprendido Joaquín Ramírez, exfinancista y exdirigente fujimorista.

En dicho oficio (55-2017), Pérez Gómez detalla que “lo solicitado se realiza en el curso de las diligencias preliminares que siguen en relación a la denuncia contra Keiko Fujimori, partido político Fuerza Popular y otros, por el delito de lavado de activos en agravio del Estado”.

Además, dispone que los “naranjas” se comuniquen con su oficina a fin de “coordinar fecha, hora y lugar para que se reciba su declaración testimonial”.

GRITO AL CIELODesde los Pasos Perdidos, Becerril -evidentemente ofuscado- desenvainó la espada y atacó la estrategia del representante del Ministerio Público.

A su juicio, esta situación pretende “demoler” la eventual candidatura de su lideresa a las próximas elecciones presidenciales.

En este contexto, recordó que ella viene siendo indagada “20 años y nunca le encontraron nada”.

Incluso elevó sus quejas hasta el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, para quien también tuvo reproches. “¿Qué va a decir ahora Pablo Sánchez? ¿Va a salir a decir algo o está contento porque por hacer cócteles se nos quiera inmiscuir en una organización criminal?”, ironizó.

CONFUSIÓN Pero el legislador “naranja” cometió un error, pues él no ha sido citado por el caso de los “cócteles” de Fuerza Popular, sino por los supuestos aportes de Odebrecht a la campaña fujimorista de 2011.

En efecto, fuentes de la Fiscalía detallaron a Correo que la investigación sobre las presuntas inyecciones de dinero de la firma brasileña a favor de FP es el número 55-2017, mientras que el caso “cócteles” es el asignado como 12-2016.

BANDA Entre tanto, la parlamentaria Cecilia Chacón denunció que la única intención del fiscal Pérez Gómez al investigar a Keiko Fujimori y a su esposo, Mark Vito Villanella, bajo la Ley del Crimen Organizado, es “hacer creer que hay una banda conformada por todos aquellos que vendimos entradas a los cócteles”.

En esa misma línea, Karla Schaefer expresó que “me fastidia porque están tildando a Fuerza Popular de ser una estructura orgánica de crimen organizado”.

Pese a ello, aseguró que comparecerá ante la Fiscalía, pues “no tengo nada que ocultar”.

Por su parte, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, aclaró que él no ha sido citado, pero exhortó a sus colegas a acudir al Ministerio Público. “Todos los citados tienen que ir. Si yo soy citado, iré como corresponde y sin miedo”, precisó.

No obstante, manifestó que le parece “bastante raro” que la excandidata presidencial y su esposo vengan siendo investigados bajo la Ley del Crimen Organizado. “Yo creo que la ciudadanía es bastante inteligente y se da cuenta de esta situación política a la que se le quiere llevar (a Fujimori Higuchi)”, subrayó.

Fuentes confiables precisaron a este diario que la decisión de adecuar la pesquisa bajo la Ley del Crimen Organizado (Ley 30077) responde a que se trataría de una organización criminal que comprende a una pluralidad de personas naturales y jurídicas investigadas (sociedad LVF Liberty Institute).

En ese sentido, dijeron las fuentes, también se tiene en cuenta la solicitud vía cooperación judicial internacional del MP para recabar la información sobre dicha sociedad estadounidense, que habría transferido la suma de 65 mil dólares al partido fujimorista para la campaña presidencial de 2016.

Adicionalmente, señalaron que si uno de los investigados no está de acuerdo con la actuación del fiscal, puede interponer recursos impugnatorios ante un juez de garantías, por lo cual, dijeron, se garantiza sus derechos.