Un reportaje de Punto Final reveló que congresistas investigados por la Fiscalía reciben defensa legal pagada con dinero de fondos públicos. Aunque los implicados afirman desconocer los detalles de este acuerdo de la Mesa Directiva del Congreso.

Dicha norma se estaría utilizando para justificar estos pagos que proviene de una ley destinada a funcionarios con funciones ejecutivas (Ley Servir), no aplicable al ámbito legislativo, esto pone en sospecha su legitimidad.

Esta controversia inició cuando Mesa Directiva del Congreso, presidida por Eduardo Salhuana, decidió aprobar un presupuesto destinado a cubrir los gastos de abogados para los siguientes congresistas: Kelly Portalatino, Luis Cordero Jon Tay, Hilda Portero y Patricia Chirinos.

Los mencionados están siendo investigados por la Fiscalía por presuntos delitos de tráfico de influencias, hasta la participación en organizaciones criminales.

Asimismo, el Parlamento aprobó hasta 8 UIT (más de 40 mil soles) para pagar a sus abogados particulares. No obstante, muchos de los beneficiados afirman “no saber” que este acuerdo existe.

De acuerdo con el dominical, la parlamentaria Portalatino manifestó desconocer la existencia de este acuerdo. “Se trata de una persecución política y necesitamos defensa especializada”, sostuvo para Latina Noticias, aunque no respondió quien solicitó los fondos para su defensa legal.

Por su lado, Patricia Chirinos admitió que hicieron uso de este beneficios, pero defienden que la medida está dentro de sus derechos, señalando que es un recurso legalmente permitido.

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