El Congreso de la República enfrenta una posible medida de embargo sobre sus cuentas institucionales debido a un conflicto contractual con la empresa Río Pacífico SAC, relacionado con la adquisición de un sistema de antenas satelitales que nunca llegó a ser utilizado.

Según reveló el programa Cuarto Poder, el Parlamento destinó cerca de S/1,9 millones para la compra e instalación de antenas parabólicas y equipos tecnológicos orientados a ampliar la cobertura de Canal Congreso. La finalidad era transmitir debates parlamentarios y sesiones plenarias tanto a nivel nacional como internacional.

No obstante, el problema surgió a raíz de un grave error en el cálculo de la resistencia de la azotea del edificio Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Debido a esta falla técnica, las estructuras no pudieron ser instaladas, dejando los equipos sin funcionamiento pese a que el Estado debe asumir el costo de la compra.

A ello se sumó el presunto desconocimiento sobre la condición de patrimonio cultural que tienen algunos inmuebles del Congreso, situación que habría complicado aún más la ejecución de cualquier intervención técnica en dichas edificaciones.

La empresa Río Pacífico SAC sostiene que el Congreso tiene una deuda pendiente que excede el pago inicial por los equipos adquiridos. Según la compañía, el monto reclamado también contempla indemnizaciones y gastos acumulados derivados del conflicto contractual.

Ante la falta de pago, la defensa legal de Río Pacífico SAC confirmó que viene evaluando acciones para ejecutar el cobro de la deuda, entre ellas el posible embargo de las cuentas del Parlamento, una de las principales medidas que se encuentra bajo análisis.

Frente a esta situación, Carlos Zeballos exhortó a la Oficialía Mayor del Congreso a presentar un “informe” detallado que, según indicó, debió elaborarse “hace tiempo”. Asimismo, advirtió que esta presunta negligencia significaría un grave perjuicio para el Estado peruano.

Zeballos señaló que el Congreso no solo deberá asumir el costo de los equipos adquiridos, sino también un laudo arbitral y las penalidades derivadas del incumplimiento contractual.

Por su lado, Susel Paredes cuestionó a la Mesa Directiva y sostuvo que sus integrantes deben ofrecer explicaciones sobre lo ocurrido, al considerar que el caso evidencia una “gran ignorancia” respecto a la infraestructura y al patrimonio del Parlamento.

“No sabía que había en el techo todas esas antenas y nunca se han usado. Nunca se han usado. La Mesa Directiva tiene muchos poderes y tiene que dar una explicación”, manifestó.

En esa misma línea la parlamentaria consideró que los responsables de este caso deberían afrontar consecuencias legales y sostuvo que “tienen que ir presos los que correspondan”.

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