El abogado Walter Ayala, quien presentó la demanda de amparo y la medida cautelar para suspender el proceso de elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), ha pedido al Poder Judicial que multe a los legisladores que participaron en el pleno en el que se decidió no acatar la resolución judicial y siguieron con las votaciones de tres postulantes.

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El petitorio fue presentado el 9 de julio ante el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio, cuya titular, la magistrada Amparo Soledad Blácido Báez, admitió la medida cautelar y ordenó al Parlamento que suspenda provisionalmente el proceso de elección de miembros del TC hasta que se tomara una decisión sobre la demanda de amparo.

Ayala Gonzales solicita que se imponga una multa de 10 unidades de referencia procesal (equivalente a S/4,400) a cada congresista que participó en los plenos realizados los días 7 y 8 de julio.

Además, señala que se debe realizar un “apercibimiento de destitución” a cada parlamentario que continúe incumpliendo el mandato judicial dictado el 6 de julio.

“Al no haber el pleno del Congreso cumplido con suspender las elecciones programadas para el día 7 y 8 de julio del 2021, conforme es de conocimiento público, sino muy por el contrario, en plena rebeldía e incluso faltando a la majestad de la administración de justicia el pleno del Congreso votó por mayoría desconocer la orden del Poder Judicial”, indica el abogado.

“El pleno del Congreso continúa con su intención de elegir miembro del Tribunal Constitucional, continuando de esta forma su intención de continuar omitiendo su mandato judicial”, añadió.

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Walter Ayala también pide que estas acciones de multar y advertir a los legisladores por no acatar la resolución judicial, se realicen en paralelo al envío de este caso al Ministerio Público para que proceda ante el presunto delito cometido por los congresista que incumplieron un fallo judicial.

Cabe recordar que este jueves, luego de suspender en reiteradas ocasiones la elección de miembros del TC por no haber alcanzado los 87 votos en ninguno de los tres postulantes mejor calificados por la comisión especial, la mayoría de las bancadas del Congreso decidieron que continuarán con el proceso, mientras que la procuraduría del Poder Judicial presenta una denuncia contra la jueza que emitió la orden de suspender la elección.

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