El Pleno del Congreso aprobó citar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, para que responda ante los legisladores por la situación de tres proyectos viales de alta relevancia para la conectividad de Lima. La decisión coloca al titular del sector en el centro del debate político en una semana cargada de tensión institucional.

La moción fue impulsada por la bancada del Bloque Democrático Popular y obtuvo 33 votos a favor, 39 en contra y 8 abstenciones. Pese a no alcanzar mayoría simple, el respaldo de un tercio de los legisladores hábiles fue suficiente para aprobar la citación según el reglamento parlamentario vigente.

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El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, propuso fijar la comparecencia para el jueves 19 de marzo a las 3 de la tarde. Esa propuesta fue ratificada con 48 votos a favor, 18 en contra y 4 abstenciones.

Durante esa sesión, el ministro Prieto deberá responder un pliego de 22 preguntas elaboradas por los congresistas. Las interrogantes giran en torno a las medidas adoptadas frente a la problemática del viaducto Santa Rosa, el Puente Santa Rosa y la Nueva Carretera Central.

La interpelación también incluye cuestionamientos sobre la decisión de resolver el contrato de asistencia técnica con la empresa francesa EGIS el pasado 3 de febrero. Ese vínculo contractual formaba parte de un acuerdo Gobierno a Gobierno suscrito entre Perú y Francia para la gestión de obras de infraestructura vial.

La presentación del ministro se producirá un día después de que la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, concurra al Congreso junto al gabinete para exponer la política general del Gobierno y solicitar el voto de confianza. La coincidencia de ambos eventos en la misma semana aumenta la presión política sobre el Ejecutivo.

La directora ejecutiva de Provías Nacional, Claudia Dávila Moscoso, ofreció detalles sobre las razones que motivaron la ruptura del contrato con PMO Vías, el consorcio conformado por dos empresas francesas, entre ellas EGIS. Aclaró que la anulación no afectó el acuerdo Gobierno a Gobierno con Francia, sino únicamente el vínculo con esa oficina de gestión de proyectos.

Según explicó, en noviembre de 2025 la Defensoría del Pueblo remitió un documento solicitando la revisión del contrato con PMO Vías. Esa comunicación desencadenó una investigación interna que derivó en el hallazgo de antecedentes graves vinculados a una de las empresas del consorcio.

Las pesquisas revelaron que EGIS había suscrito un acuerdo conciliatorio con la Fiscalía de París en el que reconoció haber incurrido en cohecho activo. Dávila Moscoso explicó el alcance de ese reconocimiento al señalar que la firma admitió ante la justicia francesa haber pagado sobornos a funcionarios públicos.

Ante ese hallazgo, Provías Nacional verificó que EGIS había sido inhabilitada por prácticas similares en otros países. India, Panamá y Gabón figuran entre los territorios donde la empresa enfrentó sanciones por conductas corruptas equivalentes.

El contrato suscrito entre el Estado peruano y el consorcio contemplaba cláusulas expresas en materia anticorrupción que habilitaban su resolución ante situaciones de ese tipo. Dávila Moscoso describió el proceso interno que llevó a tomar esa determinación, al indicar que fue una decisión compleja, analizada con detenimiento por el equipo técnico y coordinada con otras instancias del Estado, adoptada en ejercicio de las facultades que el propio contrato otorgaba frente a ese tipo de hechos.

La directora de Provías también precisó que esa resolución se ejecutó en ejercicio de las facultades que el propio contrato otorgaba frente a ese tipo de hechos. Subrayó que la medida fue el resultado de un proceso técnico riguroso y no una decisión unilateral ni arbitraria.

Con ese contexto, el ministro Prieto deberá comparecer ante el pleno para dar cuenta no solo del estado de las obras viales comprometidas, sino también de las implicancias de haber retirado a una empresa extranjera de un proyecto de envergadura nacional. La interpelación se perfila como uno de los momentos de mayor exposición política para el Ejecutivo en las próximas semanas.