La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró improcedente la denuncia constitucional presentada por el partido político Juntos por el Perú contra el canciller Carlos Pareja Ríos. Con esta decisión, el expediente fue enviado al archivo luego de que el grupo de trabajo parlamentario concluyera que la acusación no cumplía con los requisitos para continuar su trámite.

La denuncia estaba relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de la votación de los peruanos residentes en el extranjero durante la segunda vuelta de las elecciones generales de 2026. El caso surgió a raíz de cuestionamientos sobre los procedimientos aplicados para el traslado y procesamiento de las actas electorales provenientes del exterior.

El recurso fue presentado por el personero legal de Juntos por el Perú, Pablo Salas Charca. En el documento se atribuía al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores el presunto desmantelamiento del sistema logístico, informático y de custodia diplomática utilizado para el proceso electoral de los peruanos en el extranjero.

Juntos por el Perú sostuvo que las modificaciones aplicadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales para la segunda vuelta alteraron las condiciones inicialmente previstas para el proceso. Según el partido, esos cambios impidieron la digitalización de las actas presidenciales correspondientes a la votación de los peruanos en el extranjero.

La organización política también cuestionó que las nuevas disposiciones afectaran el principio de intangibilidad del proceso electoral y la seguridad jurídica. Del mismo modo, expresó reparos sobre el tiempo y la forma en que fueron trasladadas al Perú las actas provenientes de las oficinas consulares.

¿Por qué se archivó la denuncia?

Durante una sesión extraordinaria realizada el viernes 3 de julio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales resolvió la calificación de la denuncia conforme al artículo 89 del Reglamento del Congreso. La decisión fue aprobada con nueve votos a favor, uno en contra y una abstención, por lo que el expediente quedó archivado.

La acusación comprendía una presunta infracción a los artículos 31, 45 y 176 de la Constitución. Asimismo, incluía el presunto delito de atentado contra el derecho al sufragio, tipificado en el artículo 359 del Código Penal.

De manera paralela a la denuncia constitucional, la Bancada Socialista presentó el pasado 24 de junio una moción de interpelación contra el canciller Carlos Pareja Ríos. La iniciativa fue impulsada con la coautoría del excandidato presidencial Roberto Sánchez Palomino.

El documento consta de ocho páginas e incluye un pliego de 23 preguntas dirigidas al ministro. El objetivo es que explique los procedimientos técnicos y logísticos ejecutados en los consulados para garantizar la transparencia de las elecciones generales de 2026.

¿Qué respondió el Canciller?

Frente a los cuestionamientos, Carlos Pareja negó haber intervenido en el proceso electoral o favorecido a alguna organización política. En ese contexto, sostuvo que todas las acciones de su sector se realizaron dentro del marco legal y en coordinación con las autoridades electorales.

En sus descargos, el ministro rechazó las imputaciones formuladas en su contra y afirmó que “no hubo ningún acto de interferencia, manipulación o favorecimiento político”. Además, aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores actuó respetando la legalidad y manteniendo coordinación permanente con los organismos electorales.

El desarrollo de este procedimiento parlamentario coincide con la reciente proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú para el periodo 2026-2031. En ese escenario, continúan las acciones políticas relacionadas con el desarrollo de la segunda vuelta electoral.

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