La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que recomienda archivar las denuncias constitucionales 362 y 464 contra la congresista Katy Ugarte Mamani. La decisión fue respaldada con 13 votos a favor, cinco en contra y una abstención.

La parlamentaria era investigada por el presunto delito de concusión y por una supuesta infracción a diversos artículos de la Constitución Política del Perú relacionados con la función pública y la administración del Estado. Sin embargo, el informe concluyó que no existían pruebas concretas, directas y verificables que sustenten las acusaciones.

El documento aprobado señala que las conductas atribuidas a Ugarte Mamani no configuran una vulneración constitucional ni permiten acreditar responsabilidad penal en el marco de las denuncias presentadas en su contra, motivo por el cual el caso fue enviado al archivo.

Durante la misma sesión, la Comisión Permanente otorgó un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar y emitir un informe final sobre las denuncias acumuladas contra la congresista Magaly Ruiz Rodríguez.

A la legisladora se le atribuyen presuntos delitos de colusión agravada, tráfico de influencias agravado y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. El extremo referido al presunto delito de concusión fue declarado improcedente y pasó al archivo.

Asimismo, la Comisión Permanente aprobó por unanimidad otorgar el mismo plazo de investigación para la denuncia constitucional contra la expresidenta Dina Boluarte, por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

La denuncia presentada por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, está relacionada con el supuesto nombramiento irregular de María Elena Aguilar del Águila en la presidencia ejecutiva de EsSalud.

La sesión fue conducida por el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, y también incluyó el archivo de otras 17 denuncias constitucionales declaradas improcedentes.

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