Uno de los nuevos retos que tendrá el Congreso Bicameral del periodo 2026-2031 es la revisión de las denuncias constitucionales que dejará el Congreso unicameral.

De acuerdo con información revisada por Correo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside Lady Camones (APP) le herederá por lo menos 134 expedientes, esto debido a que los tiempos no alcanzarían para que estos casos sean vistos en la actual gestión.

EN DETALLE

Del total de 133 casos, 66 de ellos ya se encuentran en la etapa de investigación (ver infografía).

Hay una denuncia con informe de calificación y hay seis denuncias que ya tienen un informe final.

Estos últimos corresponden a casos vinculados a Lucinda Vásquez (congresista fallecida), Alberto Otárola (expremier), Pedro Castillo (expresidente), Víctor Ticona (exjuez supremo), Walter Ayala (exministro de Defensa) y exintegrantes del Tribunal Constitucional.

Además, hay 61 denuncias que se encuentran pendientes de ser calificadas.

En total, los expedientes suman 134.

De acuerdo con la tercera disposición complementaria transitoria del Reglamento del Congreso Bicameral, las denuncias constitucionales que no hayan culminado su trámite en el Congreso unicameral hasta el 26 de julio del 2026, independientemente del estado en que se encuentren, son derivadas a la Cámara de Diputados para que esta actúe según sus competencias.

CASOS

Entre los casos que deja la Subcomisión en investigación están aquellos que involucran a la expresidenta Dina Boluarte.

Específicamente, la exmandataria tiene cinco denuncias que recibió entre los años 2024 y 2026.

Por ejemplo, la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, la denunció en mayo del 2025 por la presunta comisión del delito de abandono del cargo.

Esto debido a que la entonces presidenta omitió informar al Consejo de Ministros y al Congreso su impedimento físico temporal para ejercicio del cargo entre el 29 de junio y el 9 de julio del 2023 debido a un procedimiento quirúrgico al que se sometió y que implicó múltiples cirugías estéticas.

El expresidente Pedro Castillo suma cuatro denuncias constitucionales.

Una de ellas corresponde a una denuncia que presentó en su contra la ahora exfiscal de la Nación Delia Espinoza por la presunta comisión del delito de negociación incompatible.

El caso está relacionado a la contratación de Segundo Llanos Guevara en el Programa de Desarrollo Productivo (Agro Rural), donde fue contratado hasta en cinco ocasiones bajo el argumento de necesidad urgente y temporal.

Otro caso es el que tiene la todavía congresista Magaly Ruíz de Alianza para el Progreso (APP).

En abril de 2024, el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, la denunció por la presunta comisión del delito de colusión.

El caso tiene que ver con una reunión que habría sostenido Ruíz con su asesor Johnny Romero en la casa del fiscal Richard Rojas, a fin de pedirle asesoría en una investigación que afrontaba por un caso de “mochasueldos”.

A cambio de su ayuda, Ruíz habría ofrecido la contratación en su despacho de Alex Rojas, hermano del fiscal.

PRESENTES

La senadora electa Mirtha Vásquez de Ahora Nación tendrá que afrontar el proceso de una denuncia constitucional durante su gestión.

En diciembre del 2022 fue denunciada en su calidad de presidenta del Consejo de Ministros de la gestión de Castillo por la presunta comisión de aceptación indebida del cargo.

La denuncia alcanza a Pedro Francke, exministro de Economía.

Según el documento, ambos habrían firmado el Decreto de Urgencia 102-2021 que sirvió para que el Ministerio de Vivienda direccione obras a empresas vinculadas al empresario Hugo Espino, quien es investigado por ser parte de una red criminal que lideró Castillo.

Cabe precisar que Vásquez tiene otro caso por presuntos actos arbitrarios que realizó cuando fue presidenta interina del Congreso.

Sobre el tema ya existe un informe final desde junio del 2025 que recomienda inhabilitarla 10 años de la función pública. Sin embargo, el caso no avanzó más y todo indica que también se vería en el nuevo Congreso Bicameral.

En una situación similar estará el senador Daniel Barragán del partido Obras.

En total acumula seis denuncias constitucionales en etapa de investigación, las mismas que fueron presentadas cuando era ministro de Defensa del gobierno de Pedro Castillo.

Una de ellas fue presentada a principios de diciembre por 2022 e incluye a todo el Gabinete Ministerial, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad.

El caso se refiere al pedido que presentó la gestión de Castillo para que el Congreso debata un proyecto del Ejecutivo que buscaba derogar la norma que regula la cuestión de confianza.

Ante la negativa del Parlamento, los ministros interpretaron la respuesta como una “denegatoria de la cuestión de confianza”.

PROCEDIMIENTO

Con el Congreso Bicameral, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pasará a llamarse Comisión de Acusaciones Constitucionales.

Esta comisión pertenece a la Cámara de Diputados y será la encargada de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias presentadas, así como de realizar la investigación en los procesos y emitir el informe final.

Esa comisión votará el documento y este será enviado a la Presidencia de la Cámara de Diputados para su debate y votación en el pleno.

Su aprobación requiere el voto favorable de más de la mitad del número legal de miembros.

Si el informe es aprobado, la Cámara de Diputados nombra una comisión acusadora integrada por tres diputados para que sustente el informe ante el Senado.

En la Cámara Alta, por la presunta comisión de delitos, se requiere la votación favorable de más de la mitad del número legal de miembros del Senado.

El acuerdo aprobatorio de sanción de suspensión, inhabilitación o destitución por infracción constitucional, requiere de los dos tercios del número legal de miembros del Senado.