El Congreso de la República enfrenta un proceso judicial vinculado a la compra de un sistema de antenas satelitales adquirido en 2018 para ampliar el alcance de la señal de Congreso Televisión en distintos países del continente. Según reveló Cuarto Poder, la controversia surgió luego de que el proyecto no pudiera ejecutarse como fue planteado debido a problemas estructurales detectados en el edificio parlamentario.

De acuerdo con la versión de la empresa Río Pacífico SAC, contratada para suministrar los equipos, las estructuras fueron entregadas conforme al acuerdo suscrito con el Parlamento. Sin embargo, durante la etapa de instalación se detectó que la azotea del inmueble no tenía la capacidad necesaria para soportar el peso de las antenas parabólicas.

Esa situación impidió que el proyecto continuara bajo las condiciones inicialmente previstas y generó un conflicto contractual entre ambas partes. Con el paso de los años, el caso escaló a instancias arbitrales y posteriormente al ámbito judicial.

Empresa reclama pago pendiente

El accionista de Río Pacífico SAC, Jorge Amors, señaló que el Congreso mantiene una deuda pendiente relacionada con la adquisición de los equipos. Además, sostuvo que su empresa ha obtenido resoluciones favorables dentro del proceso legal iniciado tras el incumplimiento del contrato.

Según indicó, la controversia no solo involucra el pago original, sino también otros conceptos derivados del conflicto contractual. Entre ellos figuran montos por indemnización y gastos acumulados durante el proceso.

Desde la defensa legal de la empresa señalaron que evalúan mecanismos para ejecutar el cobro correspondiente. Entre las medidas que analizan se encuentra la posibilidad de solicitar el embargo de cuentas de la institución.

¿Qué respondió el Congreso?

Frente a los cuestionamientos, el área de imagen institucional del Congreso difundió un pronunciamiento sobre el caso. En el documento, la entidad sostuvo que algunos pedidos presentados por Río Pacífico SAC fueron rechazados en determinadas instancias.

Asimismo, indicó que un laudo arbitral dispuso que la empresa pague al Estado S/ 192,569.20 por concepto de penalidades por mora. La institución remarcó que existen decisiones dentro del proceso que respaldan su posición.

La empresa proveedora sostiene que los retrasos no fueron ocasionados por su gestión. Según su versión, los problemas se originaron porque no se evaluó previamente si la infraestructura del edificio era adecuada para instalar los equipos adquiridos.

Hasta el momento no se ha informado sobre sanciones contra funcionarios vinculados a la aprobación o ejecución del proyecto. El caso continúa generando cuestionamientos sobre la planificación técnica y administrativa de la compra realizada por el Parlamento.

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