Desde el momento en que se reveló que la fiscal de la nación, Patricia Benavides, lideraría una organización criminal, en el Congreso se ha optado por un silencio cómplice.

Mientras algunos legisladores prefirieron no declarar a la prensa, otros cuidaron sus expresiones.

Eduardo Salhuana (APP) sostuvo que todo se tiene que investigar, pero que por ahora hay informaciones preliminares que deben ser corroboradas. Jorge Montoya (Renovación Popular) dijo, por su parte, que se reservaba cualquier opinión hasta que no se termine la investigación.

A su turno, Gladys Echaíz (Renovación Popular) defendió haber suscrito la denuncia que derivó en la inhabilitación de Zoraida Ávalos y que habría sido impulsada por Jaime Villanueva, el ahora detenido exasesor de Benavides.

“Cuando estuvo en trámite esa denuncia que hizo el procurador, y que él, no otra persona, me pidió que la firmara, a efecto de que le den trámite, lo hice”, dijo.

Otros legisladores se pronunciaron por redes sociales. Alejandro Muñante (Renovación Popular) consideró que lo que se ha mostrado hasta ahora es la utilización política de una decisión fiscal para “activar una comparsa mediática que no tiene ningún pudor en publicar sus objetivos”.

Juan Lizarzaburu (Fuerza Popular), en tanto, calificó los hechos como un “espectáculo de la maquinaria de demolición caviar”.