El concepto de gastos de instalación se desprende del Artículo 22, inciso j, del Reglamento del Congreso. (Foto: GEC)
El concepto de gastos de instalación se desprende del Artículo 22, inciso j, del Reglamento del Congreso. (Foto: GEC)

Los gastos de instalación de los han vuelto a ser noticia, como es usual con cada nuevo Parlamento. En esta oportunidad, el desembolso del dinero ha coincidido con la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del (COVID-19).

Dichos representantes recibieron el importe pese a tener cercanía geográfica con la ubicación del Parlamento (Cercado de Lima).

Entre los congresistas que se han manifestado al respecto figura Rocío Silva Santiesteban (Frente Amplio), quien ha confirmado que ella y su colega de bancada Enrique Fernández Chacón acordaron cobrar el monto.

Sin embargo, anunció que donó el importe al Comité Ana Tallada, mientras que Fernández Chacón, quien permanece internado por COVID-19 en una clínica local, hizo lo propio dándole el dinero a un grupo de adultos mayores.

La legisladora Cecilia García (Podemos Perú) también ha utilizado su cuenta de Twitter para pronunciarse. Ella indicó que tanto el pago por los gastos de instalación que recibió, como su sueldo, “son compartidos con el pueblo”.

“Mis gastos de instalación y mi sueldo siempre los compartiré con la población. Ese dinero del pueblo que Gino Costa se lo guardó yo lo comparto con el pueblo”, consideró.

Por su lado, el legislador Omar Chehade (APP), presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, ha señalado que no brindará mayores declaraciones sobre el concepto cobrado.

“De mi sueldo no hablo. Jamás opinaré al respecto, sobretodo si es un tema legal y que está estipulado en la normatividad vigente. En todo caso, pregunte a la Mesa Directiva del Congreso”, dijo a este Diario.

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El congresista Marcos Pichilingue (Fuerza Popular) dejó constancia en su despacho sobre su posición respecto al tema. “Cada sol que yo cobro en este Congreso de manera legal será sustentado con mi sudor y trabajo de representación, fiscalización y legislación de proyectos para la población a la que represento, tal como lo vengo haciendo de manera transparente”, sostuvo.

Las oficinas de Paúl García (Acción Popular) y Orestes Sánchez (Podemos Perú) indicaron que harán públicas sus posturas luego, puesto que los legisladores se encuentran laborando.

Carmen Omonte (APP), José Vega (UPP), Mónica Saavedra (Acción Popular), Carlos Mesía (Fuerza Popular) y Cecilia García (Podemos Perú) habían coincidido, antes de la instalación del nuevo Congreso, en que no tenían interés en cobrar el bono; no obstante, figuran como beneficiarios del mismo.

El resto de legisladores no se ha pronunciado al respecto.

Tanto las bancadas de Somos Perú como del Partido Morado, quienes no registran parlamentarios receptores del pago en las circunscripciones de Lima y Callao, habían anunciado con anticipación que no recibirían el importe.

¿Qué son los gastos de instalación?

El concepto de gastos de instalación se desprende del Artículo 22, inciso j, del Reglamento del Congreso, donde se estipula que los parlamentarios tienen derecho a “recibir las mismas facilidades materiales, económicas, de personal que requiera para el mejor desarrollo de sus funciones”.

Tomando como premisa dicho marco legal, la Mesa Directiva del Parlamento, una vez elegida, tiene la responsabilidad de acordar la autorización para que se realicen las acciones administrativas y presupuestarias para abonar a los congresistas los gastos de instalación.

Este año, así como lo sucedido en los congresos de los períodos 2006-2011, 2011-2016 y 2016-2019, se fijó que dicho monto sea equivalente a una remuneración parlamentaria mensual (S/15.600, en la actualidad).

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El acuerdo de la Mesa Directiva encabezada por el presidente del Congreso de la República, Manuel Merino, no hace alguna diferenciación entre los parlamentarios por el lugar al que representan. Sin embargo, sí especifica un plazo de 30 días calendario para conocer qué legisladores renunciaron o no solicitaron el pago de S/15.600.

Así, se desprende que los gastos de instalación están establecidos con la finalidad de que los congresistas de una nueva gestión tengan recursos económicos para contar con lo que necesitan para iniciar su trabajo en Lima.

Dichos gastos servían, en períodos anteriores, para la adquisición de computadoras, teléfonos móviles o material necesario para la labor parlamentaria. Con el transcurrir de los años, estas herramientas se han convertido en material habitual entregado por el propio Congreso, con lo cual el importe de gastos de instalación para los legisladores de Lima y Callao amasaron críticas al quedar poco justificados.

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