La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, Lady Camones (Alianza para el Progreso), convocó a la primera sesión extraordinaria de dicho grupo de trabajo para el próximo lunes 3 de octubre desde las 9:00 horas.

Según la agenda de la subcomisión, se debatirá el informe de calificación de la denuncia presentada por la congresista Patricia Chirinos contra los legisladores Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza, Ilich López y Elvis Vergara.

Dichos parlamentarios de Acción Popular, sindicados como “Los niños”, fueron acusados de infracción de los artículos 38 y 39 de la Constitución, y de colusión agravada, cohecho pasivo impropio, organización criminal y tráfico de influencias.

También se verá el informe de calificación de la denuncia constitucional 005, presentada por el ciudadano Gonzalo Ortiz de Zevallos contra el presidente de la República, Pedro Castillo.

El jefe de Estado fue denunciado por los presuntos delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas, fuentes de financiamiento legalmente prohibidas y organización criminal.

Del mismo modo, se verá un pedido de reconsideración presentado por la congresista Martha Moyano (Fuerza Popular), respecto de la votación que archivó la denuncia contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, y la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

Cabe indicar que el pasado 23 de setiembre la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales designó a Diego Bazán (Avanza País) como nuevo congresista delegado en la denuncia por presunta traición a la patria contra Castillo Terrones.

Bazán reemplaza a Wilson Soto (Acción Popular), quien dejó el caso debido a que ya no es integrante de la subcomisión y que el pasado 8 de agosto presentó su informe final, donde sugiere que se acuse al jefe de Estado por el presunto delito de traición a la patria, en la modalidad de tentativa.

Dicho documento recomienda inhabilitar al mandatario por cinco años por supuestamente haber violado los artículos 32, 54, 110, 118 incisos 1, 2 y 11 de la Constitución Política del Perú.

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