Andrea Pereyra

El Consejo de Ministros aprobó el decreto supremo que establece la Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030, una medida que busca posicionar al Perú a la vanguardia de la lucha internacional contra el crimen financiero.

El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, durante una conferencia de prensa tras la reunión del Gabinete Ministerial, liderado por el premier Eduardo Arana.

Alcántara destacó que esta política cumple con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que establece lineamientos globales contra el lavado de dinero.

Estrategia integral y multisectorial

La nueva política articula esfuerzos entre el Estado y el sector privado para fortalecer el sistema de justicia y prevenir el lavado de activos mediante un enfoque coordinado.

Según el ministro, la medida permitirá al Perú cumplir con las 40 recomendaciones del GAFI y reducir progresivamente la incidencia de este delito hacia el 2030.

“Se trata de una estrategia integral que articula a todo el aparato estatal y el sector privado, buscando fortalecer el sistema de justicia”, afirmó Alcántara. Además, resaltó que la iniciativa refuerza la transparencia financiera y la cooperación internacional en la materia.

Aclaraciones sobre comisión de Derechos Humanos

En otro momento, el ministro se refirió al reciente anuncio de la creación de una comisión para evaluar la posición del Perú ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, aclarando que no implica un retiro de dicha instancia.

“(El premier Arana) nunca se dijo que nos íbamos a retirar de esta instancia. Lo que se planteó es la creación de una comisión donde participará el Poder Ejecutivo, el Congreso, la academia y demás instituciones, para que, si se toma una decisión al respecto, esta sea una consensuada y lógica”, explicó.

El objetivo, según Alcántara, es establecer una metodología y plazos claros antes de tomar cualquier decisión.

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