La Contraloría General de la República presentó ante el Congreso un proyecto de ley que busca dar a esta institución la atribución de requerir la entrega de la información protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria, correspondiente a los funcionarios y servidores públicos.

La iniciativa 3422/2022-CG presentado este 27 de octubre, plantea establecer disposiciones para el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaría por parte de la Contraloría.

“El Contralor General de la República está facultado a requerir la entrega de la información protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria, correspondiente a los funcionarios y servidores públicos, cuyo cargo o puesto les permita el manejo o administración, directa o indirecta, de fondos del Estado o de organismos sostenidos por este, o de quienes hubieran tenido esa condición, en las entidades sujetas a control por el Sistema Nacional de Control, pertenecientes a los tres niveles de gobierno”, se lee en la norma.

“Para estos fines, entiéndase por administrar o manejar los fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste, a las actividades de utilización y/o gestión de los recursos públicos. El requerimiento con el fundamento debido es formulado y atendido en el marco de una acción de control que, acorde a las normas que rigen el control gubernamental, se realice a través de servicios de control o servicios relacionados”, agrega la propuesta.

El proyecto también precisa que “la información requerida a la Administración Tributaria debe ser proporcionada, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de la fecha de recepción del requerimiento”.

En la exposición de motivos se lee que es “razonable señalar que la acción de control como herramienta esencial del Sistema, acorde a las normas que rigen el control gubernamental, se realice a través de servicios de control o servicios relacionados, que la Contraloría General determine”.

Además, se agrega que la medida tiene por objetivo dotar de contenido a la reforma constitucional establecida por la Ley N° 31507, por la cual se facultó al Contralor General de la Republica a levantar el secreto bancario y la reserva tributaria en el marco de una acción de control.

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