Contratos del “Club” con el Estado en manos de jueza Álvarez

El pasado 15 de octubre, la jueza de Investigación Preparatoria María de los Ángeles Álvarez escuchó atentamente en audiencia las razones por las cuales la Fiscalía del Equipo Especial “Lava Jato” solicitó incluir a 18 empresas dentro del proceso por el caso “Club de la Construcción”.

Sin embargo, ha pasado un mes desde la diligencia y Álvarez aún no decide.

Álvarez tiene la potestad para definir si las empresas pueden seguir contratando con el Estado.

La magistrada deberá analizar el caso bajo la Ley 30737, norma que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos.

En esa ley, en el primer nivel están empresas que admitieron ilícitos como Odebrecht; en el segundo, las exsocias de las empresas que cometieron delitos, mientras que en el tercero las empresas que solo son investigadas por corrupción en la Fiscalía.

Según el especialista Andy Carrión, las empresas del caso "Club de la Construcción" se encuentran en el segundo nivel de responsabilidad y la jueza deberá definir su grado de peligrosidad.

De otro lado, según el artículo 105 del Código Penal respecto a la persona jurídica, todo juez deberá aplicar, de hallarse culpable, la sanción, la clausura de sus locales o establecimientos, la liquidación o disolución de la sociedad o la suspensión de las actividades de la sociedad. Sin embargo, esta normativa no habla sobre las contrataciones con el Estado.

Estas son

Las empresas investigadas son Cosapi S.A., GyM S.A., Obras de Ingeniería S.A., Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., Construcción y Administración S.A., Constructora Málaga Hermanos S.A., Johe S.A., San Martín Contratistas Generales S.A., Grupo Plaza S.A., Queiroz Galvao S.A. sucursal Perú, Andrade Gutiérrez Engenharia S.A. sucursal Perú, Monta-Engil S.A., Superconcreto de Perú S.A., Energoprojekt Niskogradnja sucursal del Perú S.A., Conalvías Construcciones S.A., Obrascon Huarte Lain sucursal del Perú S.A., Constructores y Mineros Constrastitas Generales S.A., y Constructora OAS sucursal Perú.

Si la magistrada aprueba incorporar penalmente a las empresas, se les podría imponer una multa, así como disolverlas e impedirlas de contratar con el Estado.

Fuentes judiciales indicaron a Correo que de proceder el pedido de la Fiscalía, estas empresas tendrían que ceñirse a las disposiciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) o, en su defecto, si se decide excluirlas no tendrá ningún impedimento para participar en licitaciones de obras de construcción.