El presidente Pedro Castillo sí puede ser suspendido de sus funciones, de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de la ONU que suscribió el Estado peruano en el año 2004 y que es vinculante a la normativa peruana.

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Dicho convenio menciona la posibilidad que -durante la semana señalaron abogados constitucionalistas como Luciano López y César Azabache- respecto a suspender al mandatario tras ser sindicado por el exministro del Interior, Mariano González de obstruir la conformación de un equipo de inteligencia de la Policía para capturar a los prófugos que formaron parte del entorno presidencial.

En el artículo 30, inciso 2, del convenio, se señala que los funcionarios públicos acusados por delitos pueden ser suspendidos o inhabilitados, de acuerdo al derecho interno de cada Estado parte.

“Cada Estado parte considerará la posibilidad de establecer, en la medida que ello sea concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, procedimientos en virtud de los cuales un funcionario público que sea acusado de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención pueda cuando proceda ser destituido, suspendido o reasignado por la autoridad correspondiente, teniendo presente al principio de presunción de inocencia”, se lee en el citado artículo del convenio de Naciones Unidas.

Según opinó el constitucionalista Luciano López, esto habilita a la Fiscalía de la Nación para que solicite al Poder Judicial la suspensión del cargo del presidente Pedro Castillo por el presunto delito de encubrimiento personal.

En su columna publicada en el diario El Comercio el último domingo, López señaló que si bien el Código Penal pone un escollo al señalar que la suspensión no opera para los cargos de elección popular, dicha norma interna resulta contraria al convenio internacional de Naciones Unidas contra la Corrupción.

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Ante ello, López planteó que el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley puede considerar aplicar la norma internacional -reconocida por el Estado- sobre la norma interna.

“Los jueces están obligados a cumplir internacionales”, concluyó López.

Durante su mensaje presidencial por Fiestas Patrias, el presidente Pedro Castillo destacó ayer que el Estado peruano ha ratificado tratados internacionales importantes en la lucha anticorrupción.