El pleno del Congreso aprobó por mayoría la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo para emitir normas que permitan atender la crisis de hacinamiento en los centros penitenciarios a nivel nacional en el marco de la emergencia sanitaria producto del nuevo coronavirus (COVID-19)

La votación con 92 votos a favor, 5 en contra y 32 abstenciones se produjo la madrugada del sábado luego de tres horas de debate.

El viernes al promediar las 10 p.m, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, y el titular de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, se presentaron ante el pleno del Congreso para sustentar esta solicitud de facultades.

En su discurso, Zeballos aseguró que las cárceles del país no pueden convertirse en “un refugio para el desentendimiento de nuestro país”. Consideró que estas deben convertirse en “una oportunidad para que los peruanos puedan reinsertarse” a la sociedad.

El primer ministro saludó la "diligencia" del Parlamento para poner al debate la propuesta del Ejecutivo horas después de su presentación y dijo creer que con estas actitudes se puede evidenciar que el Gobierno y el Legislativo "pueden trabajar juntos".

Por su parte, el titular del Ministerio de Justicia indicó que la delegación de facultades busca que se pueda llevar a cabo la revisión de la situación jurídica de "un máximo de 10 mil personas” condenadas por delitos lesivos y no graves.

“Lo que buscamos es la revisión de la situación jurídica que alcanzará a un techo máximo de 10 mil personas. La idea no es regular un marco normativo sobre delitos graves, solamente sobre delitos lesivos. Además se busca que sea el Poder Judicial quien controle la constitucionalidad y legalidad de estas medidas analizando los fundamentos en cada caso. Esa es la motivación de esta delegación”, declaró Castañeda.