Defensoría del Pueblo: Hay bajos niveles de transparencia en adquisición y entrega de canastas

La Defensoría del Pueblo afirmó que está en condiciones de señalar que el proceso de adquisición y entrega de las canastas, en el marco del estado de emergencia por el coronavirus (COVID-19), tuvo bajo niveles de transparencia en los gobiernos locales, limitando el acceso de la ciudadanía a la información.

Esta conclusión se dio luego de una supervisión realizada el 14 y 15 de mayo, consultando páginas web, portales de transparencia estándar y redes sociales de 319 municipalidades a nivel nacional.

Detalló que el 33 % de municipalidades no publicó la lista de los productos de la canasta en los medios de comunicación institucionales, mientras que otro 37 % no informó del precio unitario de cada producto.

A través del informe “Transparencia y buenas prácticas de Integridad en el proceso de adquisición y distribución de productos de la canasta básica familiar”, la Defensoría dijo que se ha podido comprobar que el 27 % de municipalidades no publicó información, a pesar de contar con los canales virtuales para hacerlo, y que en el 18 % de comunas la canasta tuvo un costo superior al establecido por la PCM (S/ 100).

También se verificó que el 33 % de municipalidades publicó el padrón de beneficiarios; el 24 % dio cuenta de los criterios para la identificación de beneficiarios; y el 17 % publicó un canal de comunicación para reportar irregularidades.

Asimismo, los departamentos de Amazonas (6 puntos), Loreto (24 puntos) y Moquegua (25 puntos) obtuvieron los promedios más bajos de la evaluación sobre apertura de información de las municipalidades.

Por ello, la Defensoría del Pueblo exhortó a la PCM a desarrollar lineamientos sobre las ayudas sociales que viene ofreciendo en el marco de la emergencia sanitaria, reforzando las disposiciones relacionadas con la publicidad de las actuaciones de las autoridades, en prevención de actos de corrupción.

Asimismo, recomienda al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) priorizar la implementación de la Planilla Única de Pago del Sector Público e implementar un módulo de consulta amigable sobre los pensionistas y el personal que labora en las entidades públicas, a fin de facilitar la vigilancia social y evitar irregularidades en la elaboración de los padrones.

La Defensoría del Pueblo invocó a las instituciones de los tres niveles del Estado a implementar o fortalecer el uso de medios virtuales para informar sobre las actividades que vienen ejecutando, así como poner a disposición canales para recibir denuncias de la población y proteger la identidad de los denunciantes en caso sea solicitado.

Finalmente, cursó oficios a las municipalidades, exhortándolas a cumplir con las disposiciones del Organismo Supervisar de Contrataciones del Estado (OSCE), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la Contraloría General de la República (CGR).