El fiscal Rafael Vela señaló que las audiencias de prisión preventiva buscan que acusados no cumplan con la medida decretada. (Foto: Andina)
El fiscal Rafael Vela señaló que las audiencias de prisión preventiva buscan que acusados no cumplan con la medida decretada. (Foto: Andina)

El fiscal coordinador del , , cuestionó que en pleno estado de emergencia nacional con aislamiento social obligatorio dispuesto por el Ejecutivo por la pandemia del (), se esté convocando a audiencias de cese de prisión preventiva.

A través de un oficio enviado a la presidenta de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, Inés Villa Bonilla, Vela señaló que no se está cumpliendo con las medidas adoptadas por dicha instancia, “donde se menciona atender los casos urgentes […] dentro de los cuales no se encontrarían los supuestos de audiencia que están siendo convocados por los Juzgados de Investigación Preparatoria Nacional”.

Entre los casos convocados a audiencias de cese de prisión preventiva mencionó los de Richard James Martín Tirado y Weyden García Rojas (Caso Árbitros); Jaime Yoshiyama (Caso Cócteles); Susana Villarán; casos del Club de la Construcción; así como otras audiencias, como son tutela de derechos.

Precisó que el 16 de abril no se realizó la audiencia de prisión preventiva contra la ex primera dama Nadine Heredia y los exministros Luis Miguel Castilla (Economía y Finanzas) y Eleodoro Mayorga (Energía y Minas) porque “en dicha fecha ya nos encontrábamos en Estado de Emergencia Nacional” y por “considerarse que no es urgente ni inaplazable resolver este tipo de requerimientos presentados por el Ministerio Público”.

“En ese orden de ideas, es que no se entiende las convocatorias a audiencias virtuales y presenciales, que no se encontrarían dentro de los presupuestos de urgentes e inaplazables para su realización, que conlleven a que se tenga que vulnerar el Estado de Emergencia con aislamiento social dictado por el Poder Ejecutivo”, remarcó Vela.

Recordó que en el actual contexto, la Fiscalía de la Nación emitió disposiciones internas para asegurar el adecuado acceso y prestación de los servicios a la ciudadanía en el ámbito del sistema de justicia, así como disponer que el personal fiscal competente asista a las audiencias que, excepcionalmente, programe el Poder Judicial en los casos de requisitorias, plazo de prisión preventiva improrrogable por vencer y otros casos de urgente atención.

Vela también remarcó que para llevar a cabo dichas audiencias se tendría que movilizar toda una logística que “definitivamente quebranta el Estado de Emergencia con aislamiento social” y puso como ejemplo que solo en el caso de Jaime Yoshiyama, se tendría que movilizar 300 tomos (de 200 páginas cada uno) con todo lo que ello implica, “poniendo en grave riesgo la salud del personal fiscal y administrativo que labora en el Ministerio Público”.

“No podemos dejar de mencionar, que esta especial situación que se ha producido por la pandemia generada por el COVID-19, está siendo aprovechada por las defensas técnica de los investigados de los diversos casos que se tramitan en el Equipo Especial, que es el encargado de investigar los delitos cometidos por las empresas Odebrecht S.A., OAS, Camargo y Correa S.A. y otras vinculadas con los hechos del caso conocido como ‘Lava Jato’, a fin de lograr la liberación de sus patrocinados y no cumplan con la medida de prisión preventiva decretada. Aspecto que definitivamente afecta la estrategia fiscal de los representantes del Ministerio Público, dejando un precedente nefasto para la lucha contra la corrupción”, enfatizó.

Finalmente, Vela dejó en claro que la intención del oficio es buscar “contar con lineamientos de trabajo objetivos y claros”, que les permitan, como representantes del Ministerio Público adoptar mecanismos que permitan su más adecuada participación, “a fin que todos contribuyamos a las políticas de sanidad dispuestas en estos momento de gran emergencia sanitaria, donde el número de infectado por el COVID-19 está incrementándose exponencialmente”.