La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado peruano por el cese de tres congresistas durante el golpe de Estado del 1992.

Se trata de los exparlamentarios María Gracia Barriga Oré, Carlos Alberto Canales Huapaya y José Castro Ballena.

A través de la sentencia emitida ayer, el tribunal supranacional “encontró internacionalmente responsable al Perú por las violaciones a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial”.

Los tres, luego del golpe de Estado promovido por el expresidente Alberto Fujimori y apoyado por las Fuerzas Armadas, acudieron al Poder Judicial para solicitar sus reposiciones, sin embargo, nunca alcanzaron justicia.

“La Corte IDH concluyó que entonces existía en el Perú un contexto generalizado de ineficacia de las instituciones judiciales, de ausencia de garantías de independencia e imparcialidad y de ausencia de claridad sobre la vía a la cual acudir frente a los ceses colectivos, lo que devino en denegación de justicia”, se lee en la sentencia.

COMPENSACIÓN. Es por ello que, teniendo en cuenta que han transcurrido 23 años de los hechos, los tres afectados deben ser reparados moral y económicamente.

En ese sentido, ordenó al Estado peruano pagar $350 mil como indemnización compensatoria para Canales y Castro, y $90 mil a favor de la señora Barriga. El Estado también deberá pagar los gastos realizados durante todo el proceso en la sede internacional.