Nuevo revés sufrió el Estado peruano luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ratificara el archivamiento de la acusación contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por modificar la sentencia dada por el caso El Frontón en el 2013.

En buena cuenta, la Corte-IDH le dice al Congreso de la República que archive el procedimiento de acusación constitucional interpuesto contra los tribunos Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña.

La denuncia fue realizada por once altos oficiales de la Marina en situación de retiro en noviembre del 2017, al considerar que habrían violado el precepto constitucional de la “inmutabilidad de la cosa juzgada”.

En diciembre del 2017, el Legislativo acordó que uno de ellos, Espinosa-Saldaña, sea destituido y los otros tres suspendidos (Ledesma, Ramos y Miranda) por 30 días. ¿La razón? Emitieron una resolución de aclaración que cambió el voto de un exmagistrado, Juan Vergara Gotelli, en una sentencia del 2013 sobre el caso El Frontón, al considerar que había un “error material” en el conteo de votos.

Ante esta decisión, los magistrados fueron directo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y este organismo derivó a la Corte-IDH la demanda. Los magistrados alegaron ser amenazados por la oposición fujimorista en el Congreso.

La Corte-IDH resolvió el pasado 8 de abril que se archive el proceso contra tales magistrados, y el 30 de mayo último ratificó su posición en este caso.

“Se resuelve: declarar inadmisibles las solicitudes presentadas por el Estado del Perú el 12 de abril de 2018 (...)”, se lee en la parte resolutiva de la instancia internacional.

Otra de las respuestas que recibió el Estado peruano de la Corte-IDH es que sus decisiones son “inimpugnables”. En esa línea, la instancia supranacional recordó que la medida ordenada en febrero fue clara al requerir el archivo del procedimiento de acusación constitucional contra los magistrados del TC.

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TUBINOEl congresista Carlos Tubino (Fuerza Popular) se mostró en desacuerdo con la resolución emitida por la Corte-IDH.

“La actitud que tuvieron esos magistrados, en la que modifican una sentencia ejecutoriada, no es algo positivo. Ellos han afectado la seriedad jurídica en el Perú”, señaló.

En otro momento, el congresista dijo, a título personal, que si él fuera del Ejecutivo, ya se habría retirado de la Corte-IDH.

“El Perú no puede estar sometido a un grupo de magistrados. Seguir en una Corte que parece ser un gobierno supranacional, que va más allá de las decisiones, no solamente del Poder Judicial, sino también del Poder Ejecutivo, es peligroso. Mañana también querrán intervenir en temas legislativos”, añadió.