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Los siete jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) escucharon los alegatos de defensa de las víctimas por los casos Barrios Altos y La Cantuta, quienes cuestionan el indulto humanitario y el derecho de gracia concedidos al expresidente Alberto Fujimori por el mandatario Pedro Pablo Kuczynski.
NOTA PREVIA
En representación de las víctimas de Barrios Altos y de La Cantuta, tomarán la palabra los abogados de las ONG Aprodeh, Gloria Cano; de IDL, Carlos Rivera Paz; y un representante de Fedepaz. Ellos señalan que el indulto a Fujimori es irregular y agravia al derecho de justicia de los deudos.
Por el Estado peruano, el Ministerio de Justicia designó a tres agentes: el secretario del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Martín Mijichich; y los juristas Adrián Simons Pino y Jorge Villegas Ratti.
Ellos defenderán que el Estado peruano cumplió con garantizar el debido proceso y la sanción a los culpables por Barrios Altos y La Cantuta.
El abogado del expresidente Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, se encuentra en Costa Rica; pero no podrá participar en la audiencia, ya que el propio organismo supranacional le negó su solicitud al tratarse de una demanda en contra del Estado peruano.
Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también tendrán participación.
El Frontón
Antes de esa audiencia, la Corte IDH, que preside el magistrado Eduardo Ferrer Mac-Gregor, escuchará a los abogados de cuatro integrantes del Tribunal Constitucional peruano, acusados en el Congreso por emitir una resolución aclaratoria en el caso El Frontón.Los magistrados del TC denunciados son Manuel Miranda Canales, Eloy Espinosa-Saldaña, Carlos Ramos Núñez y Marianella Ledesma.
El abogado Roberto Pereira, defensa legal de los magistrados, declaró a Correo que la audiencia consistirá en la supervisión de sentencia y la solicitud de medidas provisionales relacionados con dos víctimas del caso El Frontón.
“La Corte IDH evaluará en qué medida la acusación constitucional en el Congreso contra los magistrados del TC tiene como finalidad entorpecer el cumplimiento de sentencia por el caso El Frontón”, explicó Pereira.
Indicó que la resolución puede determinar que archive el proceso contra los magistrados y que esa decisión “es de carácter vinculante”.
En representación del Estado, estará presente la procuradora supranacional, Sofía Donaires Vega.
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