PJ decide este 11 de octubre futuro de investigaciones contra Keiko y Fuerza Popular

Este 11 de octubre, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema emitirá dos sentencias vinculantes sobre los recursos de casación presentados por los abogados de Keiko Fujimori, su esposo Mark Vito Villanella y el partido Fuerza Popular a fin de dar término a las investigaciones seguidas en su contra por el delito de lavado de activos.

Así lo comunicó la jueza suprema Elvia Barrios, presidenta del tribunal que dejó al voto los citados recursos en una audiencia realizada en Palacio de Justicia.

A las 8 y 30 de la mañana, el abogado de Fuerza Popular, Juan Carlos Alarcón, oralizó sus fundamentos por los que la casación debería ser declarada fundada por la sala. Uno de ellos: la fiscalía en su investigación contra el partido naranja no ha realizado actos urgentes de investigación que presenten indicios sobre la responsabilidad del partido del delito que se le atribuye.

Añadió que el fiscal a cargo de la investigación, José Domingo Pérez, no ha fundamentado la ampliación del plazo de la investigación.

Como réplica, la fiscal suprema Bersabeth Revilla dijo que el Ministerio Público ha demostrado en el curso de las pesquisas que hay indicios que apunten a FP como una organización criminal.

Vale mencionar que en este caso, la organización partidaria está investigada por recibir aportes de campaña, presuntamente ilícitos, del año 2011.

Cócteles

Luego, le tocó el turno a la abogada de Fujimori, Giuliana Loza, en el marco del caso Cócteles. Ante el tribunal supremo, dijo que la fiscalía no fundamentó la adecuación de la investigación contra su patrocinada bajo la ley de crimen organizado. Dispositivo legal que permitió la ampliación de las pesquisas a 36 meses.

Por su parte, el abogado de Vito Villanela, dijo que en 28 meses de investigación la fiscalía solo ha realizado tres diligencias sobre su defendido.

Ambos abogados pidieron que se declaren fundadas sus solicitudes, a fin de que la fiscalía emita un pronunciamiento de fondo: dejar sin efecto las investigaciones por lavado de activos.