A partir de las 10 de la mañana, el juez de investigación preparatoria de la Corte Suprema, Hugo Núñez Julca, iniciará la audiencia de control de convencionalidad para revisar el indulto humanitario concedido al expresidente Alberto Fujimori por parte del exjefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski.

Dicho recurso, interpuesto por la defensa legal de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, busca anular la decisión adoptada por Kuczynski al considerar que no estuvo bien fundamentada.

En la sesión que se realizará en Palacio de Justicia, el magistrado escuchará los argumentos de las partes (Ministerio Público, abogados de la parte civil y defensa de Fujimori) en torno a la decisión que tomó el expresidente Kuczynski el año pasado y deberá resolver bajo los parámetros fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Resolución de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia del pasado 15 de junio.

A juicio de la defensa de las víctimas, el indulto humanitario no estuvo fundamentado de acuerdo a ley y se dio como “un favor político” para salvar a Kuczynski del proceso de vacancia que se ventilaba en el Congreso.

“No estamos ante un indulto humanitario, aunque tenga la apariencia. Es un indulto político”, señaló Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).

NO IRÁ En diálogo con Correo, el abogado Miguel Pérez Arroyo, defensa legal de Fujimori, señaló que su patrocinado no acudirá a la audiencia.

“No acudirá a la audiencia porque no es necesaria su presencia, pero reiteraremos que el indulto humanitario está debidamente sustentado por informes médicos”, sostuvo.

En agosto, el expresidente brindó unas breves declaraciones a RPP señalando que está “alejado de temas políticos” y que su estado de salud le “preocupa mucho”. “El indulto está médicamente sustentado; tengo fibrilación auricular paroxística”, aseguró entonces Fujimori a su salida del Hospital Neoplásicas.

ANTECEDENTES El 24 de diciembre del 2017, Pedro Pablo Kuczynski, a través de la resolución suprema Nº 281-2017-JUS, concedió a Fujimori el indulto humanitario que le permitió dejar el penal de la Diroes.

Dicha situación fue puesta en conocimiento de la Corte-IDH por los abogados de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta.

La Corte-IDH emitió un fallo en el que le otorga la oportunidad al Estado peruano de revisar el indulto en sede interna, dándole hasta el 29 de octubre de plazo para informar.

En su resolución, el organismo internacional estableció que el indulto humanitario debe estar acorde con el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y con los requisitos jurídicos exigidos por la ley peruana.

Sin embargo, en otro extremo del fallo, señala que una decisión de estas características no está prohibida por el derecho internacional, siempre y cuando sea para asegurar la atención médica del condenado.