La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso la conformación de una comisión de trabajo para que se encargue de formular propuestas para el avance de las investigaciones fiscales en los diversos despachos que fueron detenidas durante el estado de emergencia declarado por el Gobierno debido a la pandemia de coronavirus (Covid-19) el pasado 16 de marzo.

“Resulta necesario conformar una Comisión de Trabajo que se encargue de formular las propuestas para que los despachos fiscales puedan avanzar con las investigaciones que tienen a su cargo durante el estado de emergencia nacional”, dice la resolución que accedió Correo.

Esta comisión estará presidida por el fiscal supremo anticorrupción, Jesús Fernández e integrada por los fiscales, María Isabel Sokolich de control interno, Luzgardo Gonzales del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, Celia Goicochea, jefa de la oficina de cooperación judicial internacional y de extradiciones, Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías en crimen organizado, Ysabel Galván, coordinadora de las fiscalías de tráfico ilícito de drogas, Daniel Jara, coordinador de las fiscalías Penal Nacional, Armando Zapata coordinador de prevención del delito.

Además, Flor de maría Vega, coordinadora en materia ambiental, Rafael Vela Barba, coordinador de lavado de activos, Aurora Castillo, presidenta de la junta de fiscales superiores de Lima, Eliana Ibérico, presidenta de la junta de fiscales superiores del Callao, Kelly Calderón, coordinadora de las fiscalías de violencia contra la mujer, Cecilia Gonzales, fiscal superior de Familia y Rocío Rodríguez, fiscal adscrita a la Fiscalía de la Nación.

De acuerdo al documento, la comisión encargada de las propuestas deberá entregar un informe con los diversos mecanismos para el cumplimiento de los objetivos, para ello, podrá utilizar aplicaciones y plataformas de control remoto, redes sociales y toda herramienta electrónica.

COORDINACIÓN

En tanto, el fiscal superior coordinador de las fiscalías anticorrupción Omar Tello ordenó a los fiscales de dicha especialidad a mantener constante coordinación con el personal de la Contraloría General de la República con la finalidad de que participen de manera inmediata en caso exista sospecha de algún ilícito penal de su competencia.

Asimismo, en la disposición se menciona que los fiscales y personal administrativo participará adoptando las medidas de bioseguridad que sean necesarias para el resguardo de su salud.