Nueve días. aproximadamente, restan para que culmine la detención preliminar impuesta a cinco presuntos miembros de “Los Pulpos”, organización criminal que estaría detrás del cuádruple asesinato ocurrido en Trujillo la madrugada del 31 de agosto. El crimen, que culminó con el secuestro y posterior liberación del empresario Jenss Lara, aún parece lejos de esclarecerse.

Aunque autoridades policiales y gubernamentales aseguran que hay una “confesión” por parte de los detenidos, la Fiscalía informó ayer que aún no ha recogido, de manera oficial, las declaraciones correspondientes.

Esta diligencia del Ministerio Público es clave para otorgar validez jurídica a los testimonios recogidos y, de ser el caso, solicitar medidas cautelares como una prisión preventiva al término de los 15 días de detención preliminar.

Controversia

Fue el ministro del Interior, César Astudillo, quien manifestó el último 1 de septiembre que los presuntos criminales habían “confesado” su responsabilidad en los hechos.

Los sujetos fueron detenidos horas antes de la liberación de Lara Tantaquilla. Ellos fueron identificados como Frank Quezada Cruz, alias “Ñato”; Julio Zavaleta Quezada, alias “Juliacho”; César García Rivera, alias “Bolacho”; Ángel Bocanegra Linares, alias “Folo”; y José Cherrepe Dávila, alias “Ares”.

De acuerdo con Astudillo, en los cinco capturados “se ha comprobado que son integrantes de ‘Los Pulpos’, confesaron que participaron en la acción (matanza y secuestro) en Trujillo”. El titular del Interior incluso detalló a Canal N que uno de ellos proveyó “las armas, otro los uniformes, otro los vehículos y otro el reglaje”.

El mensaje fue ratificado por la presidenta de la república, Keiko Fujimori, al día siguiente. “Han confesado y hay documentos firmados”, sostuvo la jefa de Estado a la prensa (ver infografía).

Sin embargo, no hasta entonces no había quedado claro si estas “confesiones” se dieron en presencia de un fiscal; es decir, si tiene validez jurídica y puede ser presentada ante un juez para solicitar una prisión preventiva, u otras medidas, que garanticen la continuidad de la investigación. Y, de ser el caso, que deriven en una sentencia condenatoria efectiva.

El 3 de septiembre, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, abordó el tema y sostuvo que esto podría “tratarse de un reconocimiento informal”, ya sea ante el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, u otro funcionario.

“No creo que hayan sido forzados, pero tampoco sabemos si existen esas declaraciones. Puede ser un rumor (…) (La toma de declaración) es con la participación de la Fiscalía, si no hay eso, y no tengo noticias de que un fiscal haya participado, entonces no serviría para nada. Incluso, ni se podría tomar en cuenta”, sostuvo a Willax.

A la mañana siguiente, solo unas horas antes de que el general PNP Víctor Revoredo reafirmara la participación “directa” de los detenidos, el fiscal Jorge Luis Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, confirmó lo señalado por Gálvez Villegas.

“Yo lamento decirles que no le hemos tomado la declaración a ninguno de los detenidos hasta el momento. El único momento en el que ellos podrían ‘confesar’ es ante el fiscal instructor, con la presencia de sus abogados, y eso no se ha llevado a cabo. No sé quien le habrá dado la información a la señora presidenta, pero no hay ninguna declaración todavía al respecto”, aseveró al citado medio de comunicación.

Escenario

De acuerdo con Chávez Cotrina, todavía no se ha realizado dicho acto fiscal “por estrategia”.

Explicó que “es normal que, en este tipo de investigaciones, a los intervenidos se les tome su declaración al final”. Precisó que si bien no hubo coordinación con la Policía en un principio, esta situación ya ha sido superada.

“(¿Le han informado mal a la presidenta?) Definitivamente, a este momento no hay ningún documento –que se llama ‘manifestación policial’–. La única confesión tiene que ser en esa diligencia y en presencia de sus abogados. No existe”, remarcó.

El penalista Andy Carrión reiteró a Correo que si las declaraciones no se brindaron “en presencia de un fiscal y tampoco concurrieron abogados privados o de la defensa pública, estas declaraciones no tendrían ninguna validez jurídica, independientemente de lo que señale el general Revoredo”.

El letrado precisó que si esta “confesión” se produjo antes de la diligencia formal ante un representante del Ministerio Público, deberá ser reiterada en dicho momento para que tenga vigencia.

“Es obvio que, así quiera la Policía aportar algunos audios de las declaraciones o actas, estas simplemente no van a poder ser utilizadas en un eventual juicio oral (si no se prestaron ante un fiscal)”, puntualizó.