Critican falta de autoridad en Andahuasi
Critican falta de autoridad en Andahuasi

El distrito de Sayán (al norte de Lima) alberga a la Empresa Agrícola Azucarera Andahuasi S.A.A., una de las últimas cooperativas creadas durante la Reforma Agraria velasquista y convertida ahora en una sociedad anónima.

Hoy esta firma es objeto de una disputa judicial entre inversionistas del Grupo Wong y el Grupo Bustamante, liderado por Manuel Bustamante Olivares.

Esta semana estuvo a punto de erupcionar el volcán, por así decirlo, cuando el juez Walter Checa Carlín, del Primer Juzgado Civil de Huaura, emitió una orden de desalojo que despejaría el camino para que el Grupo Wong asuma la administración de la empresa.

¿LEY DE LA JUNGLA?. La reacción del grupo opuesto, que cuenta con un fuerte respaldo del sector de trabajadores de la excooperativa agraria, rebasó todas las expectativas.

En el transcurso de la semana exhibieron a grupos de individuos con pasamontañas, armados con escopetas y armas de largo y corto alcance.

Nuestros enviados especiales fueron testigos del desplazamiento de hasta 500 personas, hombres y mujeres, armadas con machetes y toda clase de objetos de ataque, que tomaron control de los puntos de ingreso y salida del poblado y anunciaron su disposición a morir enfrentando a la fuerza pública.

Por añadidura, instalaron en un promontorio cilindros con gasolina y un camión cisterna, asegurando que los harían estallar si se daba la operación de desalojo.

Lo concreto es que el Primer Juzgado Civil de Huaura postergó la diligencia de desalojo hasta nuevo aviso. Se supo que la Policía pidió el aplazamiento de la operación en espera de una mejor logística y más personal.

En los círculos políticos de Lima hubo una fuerte crítica por la actuación de las autoridades judiciales, policiales y del Ministerio del Interior ante la desafiante actitud de un grupo armado ilegal que, a juicio de los consultados por este diario, está debilitando el principio de autoridad del Estado.

FISCALÍA. "No estamos en una jungla. El principio de autoridad es fundamental, el cumplimiento de una orden judicial es indiscutible", declaró a Correo el legislador Juan Carlos Eguren (Alianza Por el Gran Cambio).

"¿Qué rol corresponde al Ministerio Público en esta coyuntura", se le preguntó.

"Yo no quisiera especular -respondió- y decir que el Ministerio Público y las autoridades policiales no están haciendo nada. Por el contrario, yo estimo que la Fiscalía de Prevención del Delito y la Inteligencia policial están funcionando; sin duda tienen que estar haciendo su trabajo".

TERRITORIO LIBERADO. Al exministro del Interior Remigio Hernani, Andahuasi le parece "un territorio liberado" donde la gente cree legítimo desacatar la autoridad judicial y policial, y atribuyó esta actitud a la anterior administración de la Policía Nacional.

"Eso es el desmadre al que hemos llegado por esas componendas, por esas reuniones en el restaurante 'Brujas de Cachiche' que mostraron que el director general de la PNP (se refiere al general renunciante Raúl Salazar) estaba coludido con un congresista para tratar de favorecer a una de las partes. Eso hace que la población haga caso omiso de las órdenes judiciales".

RESPALDO. Según el congresista Octavio Salazar, exgeneral de la Policía y exministro del Interior, "hay personas armadas (en Andahuasi) con apoyo político de algunos congresistas (...)".

El legislador de Fuerza Popular no mencionó a nadie con nombre y apellido, pero es vox pópuli que un legislador de Gana Perú, Wilder Ruiz, es el más activo de ellos. Ruiz fue dirigente laboral y asociado de la cooperativa Andahuasi.

El exministro recomendó que "la resolución judicial tiene que cumplirse", pero mediante una operación policial de alta cirugía en el momento oportuno, según la información de Inteligencia, para evitar que "la sangre llegue al río".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso, Tomás Zamudio (Gana Perú), señaló: "Particularmente, rechazo todo tipo de violencia, venga de donde venga. Nada justifica ese tipo de actitudes". Y agregó: "Como abogado, debo decir que debe primar el principio de autoridad".

EN ANDAHUASI. Nuestros enviados especiales pudieron notar que la población de Andahuasi está dividida también en dos bandos. No es cierto que toda la población respalde al sindicato de trabajadores y que todos estén dispuestos a dar la vida, como suelen repetir los dirigentes.

Si bien hay quienes prefieren que la empresa siga en manos de los trabajadores-accionistas, hay otros que prefieren que esta situación acabe de una vez.

Algunos pobladores, hombres y mujeres, que no se identificaron para evitar represalias, admitieron que ya no quieren vivir en un ambiente de violencia, con hombres armados recorriendo las calles, porque incluso "nuestros niños crecen con traumas al ver gente con armas y por las bombardas y silbatos", ya que "esto lo estamos viviendo desde el año 2009".

Otros señalaron que los dirigentes están manipulando y chantajeando a los trabajadores, porque "no todos son accionistas, como dicen, sino la mayoría son obreros eventuales y los amenazan con botarlos si no salen a protestar".

Estos testimonios fueron recabados en pequeños momentos, cuando los centinelas dejaban de vigilar a los periodistas.

Así, otras personas aseguran que quienes ahora reclaman, en su momento vendieron sus acciones, por ignorancia o a sabiendas, "para comprarse carros, hacer fiestas, mandar a sus hijos de excursión, arreglar sus casas, y cuando se dieron cuenta de que habían perdido la mayoría de las acciones, empezaron a reclamar", contó un extrabajador.

MATONES. En otro momento, nuestro equipo periodístico escuchó decir que no todos los vigilantes armados son trabajadores de la azucarera, sino que hay gente contratada y que incluso ha venido del Callao. "Tenemos miedo de que en cualquier momento ocurra una tragedia. Cierta vez, un joven borracho hizo disparos. Nosotros no podemos decir nada porque nos insultan, te rompen la luna de tu casa", se quejó una mujer del lugar.

La población de Andahuasi vive en tensión ante la seguridad de que la orden de desalojo se cumplirá.