Cuestión de confianza: Los puntos de la reforma política que el Ejecutivo pide no cambiar

Durante su presentación en el pleno del Congreso para sustentar la cuestión de confianza, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Salvador del Solar, expuso los puntos que no deben ser modificados de los seis proyectos de ley que el Ejecutivo formuló para la reforma política.
Si bien precisó que el Gobierno no busca exigir que las iniciativas legislativas sean aprobadas al pie de la letra, deben permanecer la "esencia" con que fueron planteadas.

1. Proyecto de Ley N° 4190/2018-PE, que modifica el artículo 34 de la Constitución sobre impedimentos para ser candidato.

Para el Ejecutivo, la "esencia" de este proyecto de ley radica en "impedir que quienes se encuentren condenados en primer instancia por delitos dolosos, con pena privativa de libertad mayor a 4 años", puedan ser candidatos a cargos a cargos públicos.

2. Proyecto de Ley N° 4187/2018-PE, que modifica la Ley de Organizaciones Políticas, regula la democracia interna y promueve la participación ciudadana en el proceso de selección de candidatos.

Esta propuesta busca "fortalecer la democracia al interior de los partidos, para que los candidatos a la Presidencia de la República, al Congreso, para ser Gobernador o Gobernadora Regional y para ser Alcalde o Alcaldesa Provincial y Distrital sean elegidos por los militantes de cada partido, así como los ciudadanos en general en elecciones que sean abiertas, simultáneas y obligatorias, en las que participen los organismos electorales". Ello, además, de garantizar que los resultados de las elecciones internas sean vinculantes.

Asimismo, se considera que el lugar de los candidatos invitados por la organización política (que pueden llegar a ser hasta el 20%) "se determine antes de la realización de las elecciones internas".

3. Proyecto de Ley N° 4186/2018-PE, que modifica la Ley Orgánica de Elecciones respecto al Sistema Electoral Nacional.

La esencia de este proyecto consiste en la eliminación del voto preferencial en las listas parlamentarias; además de considerar "la alternancia y paridad de género en la composición" de los grupos que postulen al Congreso.

4. Proyecto de Ley N° 4188/2018-PE, que modifica la Ley de Organizaciones Políticas, la Ley de Elecciones Regionales y la Ley de Orgánica de Elecciones, sobre inscripción y cancelación de partidos políticos y organizaciones políticas regionales.

La esencia de esta reforma radica en que "para inscribir una organización política se requiera un número mínimo de afiliados y ya no de adherentes, en el que se tome como referencia el número propuesto por la comisión de alto nivel, es decir, unos 14 mil ciudadanos". Estos -según se señala- deben residir en más de una circunscripción electoral y constar su identidad en un padrón público. 

Asimismo, en que plantea que debe cancelarse la inscripción de la organización política "si esta no logra convocar un número mínimo de participación ciudadana en las elecciones internas, en el que se adopte como referencia, igualmente, el propuesto por la comisión de alto nivel, esto es, unos 280 mil ciudadanos".

5. Proyecto de Ley N° 4189/2018-PE, que modifica e incorpora diversos artículos al Título VI de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, y de la Ley 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, e incorpora artículos en el Código Penal referidos al financiamiento de organizaciones políticas.

Según el premier, este proyecto de ley plantea que "en la tipificación de los delitos de financiamiento indebido de organizaciones políticas y de falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas; así como en la obligación de las organizaciones políticas de presentar dos reportes de gasto durante las campañas electorales".

6. Proyecto de Ley N° 4416/2018-PE, que modifica el proceso de levantamiento de la inmunidad parlamentaria.

Para esta propuesta legislativa, el Ejecutivo asegura que la esencia radica en "evitar que el Congreso actúe como juez y parte en casos que involucren la integridad y probidad de sus miembros". Por ello, busca que la decisión de levantar la inmunidad, por la comisión de delitos comunes, "esté a cargo de un órgano autónomo, ajeno a cálculos políticos, que motive sus decisiones con base en criterios de imparcialidad e independencia".