Daniel Soria Luján, exprocuador General del Estado, señaló que los cuestionamientos a su designación y su posterior destitución se dieron luego de que presentara una denuncia contra el mandatario Pedro Castillo por estar presuntamente involucrado en las irregularidades del contrato por el Puente Talara III.
“Todo [los cuestionamientos a mi designación] se da luego de la presentación de la denuncia contra Pedro Castillo. Previo a eso, solo tuve una reunión con el ministro de Justicia sobre el presupuesto del 2022 en las que tenía que participar. No hemos tenido reuniones sobre otros temas”, aseveró.
“Nosotros estábamos, además, evaluando presentar una acción de amparo para que se pueda someter a investigaciones preliminares al presidente de la República. La procuraduría trabaja de manera técnica, en función de ello se hacen denuncias”, agregó.
Punto final: entrevista Daniel Soria
En esa línea, explicó que la denuncia presentada contra Castillo Terrones se fundamenta en que la línea de tiempo de las reuniones de Karelim López con el jefe de Estado ameritaban que se lleven a cabo diligencias.
“La denuncia se presenta por la línea de tiempo por las reuniones de Karelim López con el presidente, más el reportaje televisivo de la casa de Sarratea y por la forma en la que el comité actuó en la concesión del Puente Talara, esos elementos fueron evaluados”, manifestó.
Finalmente, Soria advirtió que, debido a que la Procuraduría se encuentra sin una persona a cargo, los abogados de la institución no pueden participar en las diligencias fiscales para revisar los procesos, como los que se siguen contra el exsecretario presidencial, Bruno Pacheco.
Cabe indicar que, en diciembre del año pasado Soria Luján denunció ante la fiscalía de la Nación al presidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, por el caso Provías y la buena pro que obtuvo el consorcio vinculado a la empresaria Karelim López, con quien el jefe de Estado se reunió en varias oportunidades.
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El exprocurador del Estado advirtió que, hasta que no se nombre a su reemplazante, los abogados de la institución no pueden participar en diligencias.