Consejo Ejecutivo del Poder Judicial fue declarado en emergencia por 10 días
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial fue declarado en emergencia por 10 días

Nuevos “audios de la corrupción” provocaron un poderoso remezón en el  La sospecha más temida es que los tentáculos de la presunta organización criminal “Cuellos Blancos del Puerto” lograron penetrar en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), nada menos que el órgano de gobierno administrativo de ese poder del Estado.

Esta preocupación hizo que ayer fuera un lunes de intenso trajín en la sede central del PJ.

El presidente del Poder Judicial reaccionó de inmediato solicitando a la Sala Plena de la Corte Suprema la remoción total de los integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ).

En efecto, la Sala Plena Extraordinaria de la Corte Suprema declaró en emergencia al CEPJ por diez días calendarios.

Por la mañana, Prado Saldarriaga presidió una sesión de urgencia del CEPJ para analizar el contenido de los audios que comprometían a dos de sus integrantes.

El CEPJ es el órgano de gestión y administración del PJ. Abre y cierra tribunales, decide la variación de competencias, designa a los integrantes de los organismos jurisdiccionales, entre otras funciones. La Sala Plena es el órgano estratégico, rector, del Poder Judicial.

El supremo

Para contextualizar, cabe recordar que el juez César Hinostroza -según la hipótesis del Ministerio Público- es presunto integrante de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

La alarma del presidente del Poder Judicial obedece a la evidencia de supuestos lazos indebidos que Hinostroza parece mantener con los magistrados Rosa Vera Meléndez y Augusto Ruidías Farfán, ambos miembros del Consejo Ejecutivo del PJ, tal como revelan audios grabados el 7 de febrero del 2018 y divulgados el domingo por el Colectivo Plataforma de Investigación Periodística (La República, Ojo Público, Convoca y Wayka).

Según Cuarto Poder, las escuchas revelan que el contacto de Hinostroza con los mencionados magistrados buscaba, intensamente, favorecer a la jueza María Luisa Apaza Panuera, presidenta del Colegiado D de la Sala Penal Nacional de la Corte del Santa (Chimbote), con un traslado a una plaza de Lima o Callao.

Dicho tribunal está encargado del proceso contra la familia Sánchez Paredes por lavado de dinero.

El motivo aparente es una supuesta enfermedad del cónyuge de la magistrada Apaza que lo obliga a seguir un tratamiento en Lima, por lo cual se invoca el derecho de unidad familiar.

En uno de los audios, Hinostroza le dice a la magistrada Vera Meléndez “ya hablé con Duberlí (Rodríguez)”, en ese entonces presidente del Poder Judicial.

Desde inicios del presente año, Hinostroza buscaba de manera persistente que el CEPJ acepte el pedido de la jueza Apaza, a quien citaba como su “gran amiga”.

En uno de las grabaciones conversa con Augusto Ruidías, a quien llama “Augustito”, para solicitar el mismo favor, es decir, “darle una mano de mi parte, por favor, a María Luisa”.

En el audio con Vera Meléndez, Hinostroza logra el respaldo de esta magistrada . El diálogo ocurrió el 7 de febrero del 2018, a las 9 de la mañana.

“César Hinostroza (CH): No te olvides…

Vera Meléndez (VM): Sí, pues. ¿De quién? De la Apaza es, ¿no?

CH: Apaza, pues, claro. Está aprobado eso.

VM: Le comento. Yo ya coordiné con el “Gato”. Nosotros la vamos a apoyar. Pero el problema es que necesitamos… Si Duberlí no quiere , necesitamos cuatro votos.

CH: Ya hablé con Duberlí. ¿A qué horas es, ah?

VM: Empezamos a las 10.

CH: Ya. Ahorita lo llamo. Le he hablado en Lima y Trujillo.

VM: Porque nosotros estábamos felices de que no iba a estar la doctora (Janet) Tello, pero parece que ha pedido participar porque seguro le han chismoseado que vamos a ver este traslado.

CH: Mira, yo voy a insistir a Duberlí ahorita, ¿ya?

Vera: Ya, mi doctor”.

Minutos después, Vera Meléndez le informa a Hinostroza que en la reunión del CEPJ no prosperó el traslado de la magistrada Apaza porque la jueza Janet Tello “la destrozó”.

Descargos

En sendos comunicados dirigidos al CEPJ, los magistrados cuestionados defendieron sus posiciones.

Vera Meléndez indicó que “en ningún momento pretendió realizar algo irregular” y rechazó el enfoque contrario. Afirmó que desconocía la existencia de algún tipo de interés por parte de Hinostroza, de quien refirió “hasta hace poco era uno más de nosotros, a quien no se le conocía ningún tipo de sospecha en su actuar”.

Reconoció, no obstante, que fue un error haberle detallado en la conversación pormenores que no correspondían, por lo que ofreció disculpas al CEPJ.

A su turno, el magistrado Ruidías aseguró que nunca se realizó dicho traslado “ni desde el ingreso inicial de la solicitud (2016) ni a partir de la llamada del juez supremo ahora suspendido (2018)”.

“La conversación solo denota un trato coloquial, sin asumir compromisos, sin solicitar prebendas u otros ofrecimientos, como es mi estilo”, argumentó.

En emergencia

Al finalizar la tarde, la Sala Plena de la Corte Suprema acordó declarar en emergencia funcional el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial por un plazo de diez días calendarios. La Sala Plena dio su aprobación a todas las propuestas sugeridas en la sesión matinal del CEPJ.

Además de la declaratoria de emergencia, acordó renovar a todos los integrantes del órgano de gobierno.

Reformular las funciones y normatividad del CEPJ y evaluar la situación de la jueza María Luisa Apaza Panuera.

El CEPJ está conformado por los representan de los jueces supremos, jueces superiores, jueces de primera instancia, así como de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú.

Reacciones

El jurista Luis Lamas Puccio resaltó la declaratoria de emergencia del CEPJ. “Es una medida inmediata, sin perjuicio de que se implementen medidas a largo plazo. Pero en esta línea de análisis hay que tomar decisiones bastante radicales y fuertes si es que, realmente, queremos una reformulación y una lucha frontal contra la corrupción dentro del sistema de justicia”, refirió.

El abogado César Nakazaki resaltó que el presidente del PJ “siga profundizando la opción de las medidas que el Poder Judicial requiere para enfrentar la crisis institucional”.