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El defensor del Pueblo, , advirtió una "falta de sentido del orden" en el debate para la aprobación de la ley orgánica de la  (JNJ) en dos comisiones del Congreso de la República, la de Justicia y Constitución.

"Vamos a dos comisiones a decir lo mismo, (se puede) hasta ahorrar horas de trabajos de funcionarios que se pagan con el erario nacional: el presidente del Poder Judicial, el contralor, la fiscal de la Nación, el defensor del Pueblo tenemos que ir a dos comisiones para hablar de lo mismo, y cada una está haciendo su propio diseño (dictamen), esto es conspiratorio contra el más elemental sentido común. Yo no entiendo esa división, creo que nadie en el país lo entiende, y lo único que queremos es que se aceleren las cosas", enfatizó en diálogo con Correo.

Respecto al  trabajado en Justicia,  aseguró que se trata de un esfuerzo importante, pese a lo cual no está exento de observaciones, entre las que destacó que no se establece un sistema de control para jueces y fiscales, precisamente uno de los factores para el fracaso del ahora desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

"¿Cuál es el modelo del control?, ¿un control concentrado en la Junta?, no se dice nada en la ley. ¿Es un modelo mixto?, es decir, un control que va a existir tanto en la Fiscalía como en el PJ, ¿un sistema donde la Junta va a controlar al controlador y cuáles van a ser los mecanismos de control? Hay cero de eso, o sea, no se aborda nada sobre lo que es el centro, el corazón del problema", remarcó.

Otro aspecto, resaltó, es que no se ha definido un perfil de los magistrados a elegir por la JNJ

"Es como si me dijera: 'Mire señor usted va a elegir a aquellos que van a evaluar pilotos'. Pero en ley, o el reglamento, no hace la más mínima referencia al perfil del piloto que quiere. ¿Quiere un piloto de aviación turística, un piloto de guerra?", explicó.

Agregó que en la  encargada de nombrar a los integrantes de las JNJ hay, asimismo, una gran "frustración", debido a que no puede empezar sus labores o, tan siquiera, convocar a los dos representantes de las universidades con más de 50 años de antigüedad.

Por ello, Gutiérrez ha propuesto que primero se apruebe una ley orgánica para dicho grupo de trabajo y luego otra distinta -con un debate a fondo- para la Junta Nacional.

“Si aprobamos la ley de la Comisión Especial, que se puede hacer rápidamente, en una semana, diez días, porque gran parte de esto ya está avanzado, si logramos hacer eso, la Comisión Especial podría ganar entre 30 y 45 días (...) Mire todo lo que podríamos ahorrar, o sea, lo único que existen son miembros de la Comisión, pero no la Comisión porque no se puede instalar dado que no están todos sus miembros", puntualizó.