El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, consideró que es la “justicia electoral” la que debe resolver el caso relacionado a Daniel Mora y quienes se encuentren en situación similar, por denuncias de violencia familiar.

Indicó que se debe anteponer la Constitución Política, los instrumentos internacionales sobre derechos de la mujer y sentencias del Tribunal Constitucional (TC) y no normas adjetivas relacionadas con plazos y términos.

“No es admisible, por principio de jerarquía normativa, que se favorezca la participación electoral de personas con cargos de esta naturaleza, aplicando únicamente normas de rango reglamentario o legal. Se requiere -en este caso- resolver aplicando preceptos constitucionales y convencionales”, señaló.

Además, el defensor recordó que es deber de todo funcionario e instancia jurisdiccional combatir toda forma de violencia hacia la mujer, en consonancia con tratados internacionales que el Perú ha suscrito y sentencias del TC sobre esta materia.

Estas obligaciones internacionales que nacen, por ejemplo, de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer (Convención Belem do pará) obligan al Estado en su conjunto a tomar acciones concretas, lo cual incluye a la justicia electoral en todas sus instancias.

Cabe destacar que en el ámbito nacional, el TC ha sostenido en reiteradas jurisprudencias que el combate contra la violencia hacia la mujer es una obligación de todo el Estado incluido el sistema de justicia, “el actor probablemente más importante en la ejecución de la política pública de lucha contra la violencia de género”.

Finalmente, Walter Gutiérrez señaló que este caso representa una oportunidad para que la justicia electoral establezca una línea jurisprudencial de claro rechazo a toda forma de violencia contra la mujer, estableciendo que quien incurrió en estas acciones no puede tener oportunidad de acceso a la función pública por elección.

Como se recuerda, Daniel Mora renunció el último jueves a su candidatura y a su militancia en el Partido Morado -del que era fundador y secretario nacional de organización- luego que se revelara la denuncia por violencia familiar que su esposa le interpuso el 20 de marzo de 2019. A esto se sumó el pedido del Partido Morado del retiro de la candidatura de Mora.

Sin embargo, la solicitud de la agrupación fue declarada improcedente por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, debido a que el Partido Morado no cumplió con los requisitos exigidos para tal fin.